Dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, provocando graves daños en Caracas y La Guaira, así como afectaciones, derrumbes e interrupciones de servicios en Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, con reportes adicionales en Yaracuy y Trujillo. Mientras continúan las labores de rescate, la magnitud de la emergencia sigue en evaluación.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez llamó a la unidad nacional y decretó el estado de emergencia, pero la tragedia pone en evidencia una realidad estructural: los impactos del desastre se concentran en los sectores populares, allí donde el deterioro urbano, la crisis de servicios y la precarización de las condiciones de vida llevan años acumulándose. El problema no es solo la magnitud del sismo, sino las condiciones en que golpea.
Los reportes preliminares informan decenas de fallecidos, centenares de heridos y múltiples edificaciones colapsadas. En este escenario, la pregunta no es solo la respuesta inmediata, sino quién pagará la reconstrucción y bajo qué condiciones. Para las familias trabajadoras, que ya enfrentaban salarios insuficientes, servicios colapsados y dificultades para acceder a vivienda segura, la catástrofe profundiza una precariedad previa.
El estado de emergencia habilita la movilización extraordinaria de recursos públicos y la intervención de organismos civiles y militares en las tareas de rescate, evacuación y distribución de ayuda. Pero esa centralización de la respuesta abre una disputa política de fondo: quién controla los recursos, quién define las prioridades y qué intereses ordenan la reconstrucción.
La creciente participación de las fuerzas armadas en la gestión de la crisis social expresa además un proceso de militarización de funciones civiles, que ocurre hace años en Venezuela, donde tareas como la distribución de ayuda o la organización territorial de la emergencia se consolidan crecientemente bajo control militar. Lejos de ser un hecho técnico, se trata de una forma de gestión de la crisis que desplaza la organización social, comunitaria y de los propios trabajadores organizados.
Las imágenes de Caracas muestran edificios colapsados, daños estructurales severos, interrupciones de servicios básicos y miles de personas obligadas a abandonar sus hogares ante el riesgo de nuevas réplicas. En tanto, en zonas como San Bernardino, Los Palos Grandes, Altamira y otros sectores de la capital se reportan afectaciones significativas, mientras vecinos y equipos de rescate participan en tareas de evacuación, auxilio y contención ante la insuficiencia de respuestas inmediatas.
Lo primero es expresar toda la solidaridad con las familias trabajadoras afectadas, con quienes buscan a sus seres queridos y con quienes participan en las labores de rescate. En momentos como este, la ayuda mutua, la organización comunitaria y la solidaridad desde abajo son fundamentales para que nadie enfrente solo las consecuencias de la tragedia.
Aunque los terremotos son fenómenos naturales, las catástrofes sociales no lo son. El sismo golpea a un país donde, según la ENCOVI 2025, el 68,5% de los hogares vive en situación de pobreza y casi un tercio en pobreza extrema. Más de la mitad de la población enfrenta pobreza multidimensional asociada no solo a los ingresos, sino también a carencias en vivienda, empleo, salud, educación y servicios básicos.
En Venezuela, millones de familias trabajadoras sobreviven con ingresos insuficientes, servicios públicos deteriorados y enormes dificultades para acceder a una vivienda segura. La propia ENCOVI señala que una minoría de los hogares cuenta con suministro continuo de agua y que persisten graves fallas de infraestructura. En estas condiciones, una emergencia natural no afecta por igual a toda la población: quienes ya viven en la precariedad enfrentan mayores riesgos, menos capacidad de evacuación y más obstáculos para reconstruir sus vidas.
Las mayores afectaciones se concentran allí donde durante años se acumularon el deterioro urbano, la falta de mantenimiento, la insuficiencia de servicios públicos y la ausencia de inversiones en infraestructura segura.
La tragedia vuelve a plantear una pregunta elemental: ¿cómo pueden protegerse miles de familias cuando sobreviven con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas? ¿Cómo enfrentar una emergencia cuando las viviendas son inseguras y los servicios públicos han sido erosionados durante años?
Para millones de trabajadores y sectores populares, un desastre natural se transforma rápidamente en una crisis social. La vulnerabilidad no surge con el terremoto: el terremoto simplemente la vuelve visible.
El gobierno venezolano ha anunciado la activación de medidas de emergencia, la movilización de organismos de protección civil y la recepción de ayuda internacional. Diversos gobiernos y organismos han expresado su disposición a colaborar en las tareas de rescate y asistencia humanitaria, mientras equipos médicos y brigadas de emergencia comienzan a desplazarse hacia las zonas más afectadas.
La magnitud de la tragedia hace imprescindible la coordinación estatal de todos los recursos disponibles para las tareas de rescate, atención médica, alojamiento temporal y asistencia a la población damnificada, bajo control y con la participación activa de trabajadores, comunidades y organizaciones populares. Sin embargo, tan importante como la movilización de ayuda es garantizar que esta llegue de manera efectiva y prioritaria a las familias trabajadoras afectadas, a los hospitales colapsados y a las comunidades populares que concentran los mayores niveles de daño.
En un país atravesado por años de crisis económica y por el impacto del bloqueo y las sanciones impuestas por Estados Unidos, la capacidad de respuesta ante emergencias de esta magnitud se encuentra severamente condicionada. Por eso, la discusión sobre el rescate y la posterior reconstrucción no puede separarse de las restricciones materiales existentes, ni de la necesidad de que los recursos destinados a la emergencia se orienten a las necesidades sociales urgentes de la población trabajadora.
Sin embargo, la magnitud de la situación exige respuestas inmediatas y transparentes. Toda la información sobre víctimas, desaparecidos, daños estructurales y recursos destinados a la emergencia debe ser pública y accesible. También es imprescindible garantizar alojamiento, alimentación, atención médica y apoyo económico para las familias afectadas.
La emergencia no puede convertirse en una oportunidad para la especulación ni para trasladar los costos de la reconstrucción a quienes ya cargan con la crisis. Tampoco puede ignorarse que la ayuda humanitaria, en el marco del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos, se inscribe en disputas políticas más amplias donde la asistencia puede operar como instrumento de presión y condicionamiento, más que como un mecanismo neutral de solidaridad.
pa mi este terremoto es un aviso dios los castiga x robar tanto maduro y su bandita de comunistas no sirven ni pa limpiarse el culo los pobres siempre pagan los platos rotos mientras ellos se llenan los bolsillos q asco de pais y de gobierno
para mi la burguesia festeja mientras el pueblo se desangra terremoto? no, capitalismo en su maxima expresion el gobierno de mierda solo se preocupa por la deuda externa y los pueblos originarios en la calle viva la lucha de clases carajo firme el che del conurbano