Mientras los argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes, la corporación judicial se las ingenia para conservar sus privilegios. Esta semana, el fiscal general ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, recibió un fallo que lo exceptúa del pago del Impuesto a las Ganancias, pese a que en su audiencia pública en el Senado se había manifestado a favor de que los funcionarios judiciales paguen la retención. Apenas asumió, recurrió a los tribunales con un planteo de inconstitucionalidad.
Según datos del Consejo de la Magistratura, hasta el martes el 94,65% de los magistrados y funcionarios judiciales no pagaba Ganancias. Con el fallo a favor de Agüero Iturbe, ese porcentaje subió al 94,66%. El fiscal percibe una remuneración mensual de 11 millones de pesos.
Agüero Iturbe fue designado fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación el 14 de junio de 2018. Casi de inmediato, promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad. Su excusa: pese a haberse expresado a favor de pagar Ganancias en la reunión de Acuerdos del Senado del 9 de mayo de 2018, no había “firmado ningún papel” comprometiéndose a no litigar.
El juez Pablo Cayssials —uno de los “huemules” que participó del viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido— hizo lugar a la demanda en octubre de 2023. Curiosamente, el 30 de enero de ese año, Agüero Iturbe dictaminó que la causa por el viaje a Lago Escondido pasara de la justicia de Bariloche a Comodoro Py. Casualidades o causalidades.
Ahora, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la eximición, con los votos de los jueces Rodolfo Eduardo Facio y Liliana María Heiland. Consideraron un “tratamiento salarial discriminatorio” cobrarle a Agüero Iturbe por haber asumido luego del 1 de enero de 2017, fecha de corte dispuesta por la ley 27.346 sancionada en 2016.
Otra curiosidad: la camarista Heiland también defendió su pliego en la audiencia del Senado del 9 de mayo de 2018, unos minutos antes que el hoy fiscal general. “Hace muchos años que vengo pensando que los jueces debemos pagar ganancias, que no hay una oposición entre el artículo 110 de la constitución y el 16, que se pueden conciliar perfectamente, que hoy además el país lo necesita. Y lo real y absoluto es que hoy hay una ley que no ha sido cuestionada en su constitucionalidad, que está vigente”, afirmó Heiland. La ley sigue siendo la misma. Lo que parece haber cambiado es la convicción de Heiland.
Agüero Iturbe no es una figura menor en el esquema de Comodoro Py. Es el único fiscal ante la Cámara Federal y, por lo tanto, quien tiene la llave para decidir si mantiene o desiste las apelaciones de los fiscales de primera instancia contra los fallos de los jueces. También es el encargado de definir si recurre o convalida las resoluciones de la Cámara.
En la misma reunión de Acuerdos defendió su pliego Nada Flores Vega, a la postre nombrada jueza del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín. “Está definido por ley, no hay ninguna duda de que cualquier persona que quiere acceder a la magistratura cumple la ley. Yo creo que todos los jueces tenemos que pagar impuesto a las Ganancias”, dijo ante los senadores. Cuando asumió, con el patrocinio del abogado Rodolfo Barra —exprocurador del Tesoro de Javier Milei y exministro de Justicia de Carlos Menem— promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad sobre la ley 27.346, con el argumento de que había sido nombrada después de 2017 porque se demoró su concurso. En septiembre de 2023, la jueza Martina Forns hizo lugar a la demanda y dictó un fallo en favor de Flores Vega. Por las dudas, el 4 de marzo pasado la jueza adhirió al régimen simplificado de Ganancias creado por la ley de Inocencia Fiscal.
En la Argentina, según el proyecto de Presupuesto 2023, la exención al pago del impuesto a las ganancias representa un 0,16% del PBI. En la actualidad, es el equivalente a 1,2 billones de pesos anuales que el Estado no recauda.
Por una Acordada de la Corte Suprema, los jueces, fiscales, funcionarios y empleados no pagan Ganancias. En 2016, el Congreso estableció que los magistrados nombrados a partir del 1° de enero de 2017 comenzarían a pagar el impuesto. Inmediatamente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pidió que la palabra “nombramiento” fuera interpretada como “ingreso al Poder Judicial de la Nación” —una maniobra para blindar a quienes ya formaban parte del sistema— e interpuso una medida cautelar con la intención de suspender la aplicación de la ley.
Esa presentación fue avalada en noviembre de 2017 por el juez Esteban Furnari, confirmada en Cámara y llegó a la Corte Suprema, que resolvió revocar la cautelar en noviembre de 2018, pero no se expidió sobre la cuestión de fondo. En ese momento, el máximo tribunal argumentó que “los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente”. Con ese criterio, cada ascenso en la carrera judicial sería contabilizado como nuevo nombramiento y pagaría Ganancias.
El gobierno del Frente de Todos intentó modificar el artículo 82 de la ley de Ganancias en el marco del debate del Presupuesto 2023. Lo hizo con la intención de establecer que todos los miembros del Poder Judicial abonen el tributo, independientemente de la fecha de su nombramiento. La iniciativa no prosperó y fue rechazada en Diputados durante la sesión del 25 de octubre de 2022 con 134 votos en contra. Los votos negativos fueron aportados por el PRO, la Coalición Cívica, la UCR, Evolución Radical y el Interbloque Federal. Pero también lo hicieron representantes de la Izquierda y los diputados sindicales del entonces oficialismo en nombre de los trabajadores judiciales. En ese momento, Javier Milei y Victoria Villarruel eran diputados, pero decidieron retirarse del recinto y no votar, al igual que Margarita Stolbizer.
Para mí esto huele a mafia judicial de mierda. El fiscal chorro promete pagar Ganancias y se manda un amparo, mientras al laburante le rompen el orto con impuestazos. Yo creo que la corporación se protege entre ellos, son unos vendepatria hipócritas.
Para mí este Agüero Iturbe es un verso de la casta chorra, promete pagar Ganancias y después se ampara. La Justicia forra protegiéndose entre ellos mientras los laburantes como uno pagamos hasta el aire. Yo creo que hay que dinamitar el Consejo de la Magistratura, viva la libertad carajo.