El Gobierno nacional dio un paso clave en su plan de privatización de rutas. Este viernes, a través de la Disposición 884/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó la primera etapa de la licitación para la concesión de cuatro tramos de Corredores Viales SA: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. Un total de 18 empresas presentaron 41 ofertas, en un proceso que promete ser uno de los más polémicos del año.
La Comisión Evaluadora recomendó desestimar trece ofertas por incumplimientos formales, dejando en carrera a firmas de peso como Rovella Carranza-JCR, IEB Construcciones-Trading MRG, CPC SA, Panedile Argentina-Supercemento-Eleprint y Basaa-Cecosa. Sin embargo, no todo fue liso: la resolución también hizo lugar a una impugnación presentada por Creditech SA-Plantel SA, que había sido excluida en primera instancia por supuestos problemas de solvencia económico-financiera. Tras analizar el reclamo, la Comisión concluyó que «la diferencia entre el índice requerido y verificado carecía de entidad objetiva suficiente» para justificar su descarte, por lo que recomendó su precalificación en los cuatro tramos.
Con esta instancia superada, el Gobierno se encamina hacia la adjudicación definitiva de las concesiones, que pasarán a ser explotadas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Es decir, los usuarios serán quienes financien, a través del cobro de peajes, el mantenimiento y las mejoras de las rutas. La medida, enmarcada en la política de ajuste y reducción del Estado, ya genera controversia entre sectores que denuncian un aumento encubierto de tarifas y una entrega de la infraestructura nacional a manos privadas.
El cronograma sigue su curso: la apertura del Sobre Nº 2, que contiene las ofertas económicas de las empresas precalificadas, está prevista para el 6 de julio de 2026 a las 11, a través del sistema oficial CONTRAT.AR. Será entonces cuando se conozcan los montos exactos que las compañías están dispuestas a invertir a cambio de la explotación de las rutas. Mientras tanto, el oficialismo celebra el avance del proceso como un paso hacia la eficiencia, pero las críticas no se hacen esperar: desde la oposición advierten que se trata de una privatización encubierta que terminará perjudicando a los conductores y al bolsillo de los argentinos.
El contexto no es menor: en medio de una crisis económica con inflación galopante y caída del poder adquisitivo, cualquier aumento en los costos de transporte impacta de lleno en los precios de los productos. La decisión del Gobierno de avanzar con estas concesiones, en lugar de mantener la gestión estatal, es vista por muchos como una medida que profundiza el ajuste. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía aseguran que la privatización permitirá mejorar la calidad de las rutas sin necesidad de destinar fondos públicos.
Las empresas que logren quedarse con los tramos asumirán la responsabilidad de mantener y operar los corredores, a cambio del cobro de peajes. Se espera que las tarifas se actualicen periódicamente, lo que genera incertidumbre entre los usuarios. La pregunta que queda flotando es: ¿cuánto más pagarán los argentinos por transitar rutas que antes eran gratuitas o tenían peajes más bajos? La respuesta, al menos por ahora, la tendrán las empresas y el Gobierno el próximo 6 de julio.
Para mí esto es un golazo, menos curro estatal y más libertad carajo. Los zurdos lloran porque se les termina el choreo con los peajes. Yo creo que los privados van a hacer un laburo de puta madre, y el que se opone es un enemigo del progreso. Vamos Milei, a romper todo.
Para mí esto huele a entrega nacional. 18 empresas compitiendo por nuestras rutas mientras los laburantes pagamos peaje. Se hacen los giles estos hijos de puta del gobierno, privatizando derechos. La guita a los amigos empresarios y el pueblo a joderse. ¡A la calle a pararlos ya!