Este miércoles, decenas de becarios y trabajadores del Conicet ocuparon pacíficamente la sede central del organismo, en el barrio porteño de Palermo, en el marco de una jornada nacional de protesta que se replicó en Córdoba, Tucumán, Rosario y otros puntos del país. Reclaman la restitución de la cobertura médica y la prórroga de 379 becas posdoctorales que finalizan el próximo 1 de agosto.
La obra social Unión Personal, administrada por el sindicato UPCN, está vaciada, según denuncian. Desde hace meses, becarios de todo el país sufren bajas sistemáticas de prestaciones médicas, sin previo aviso. En muchos casos, la cobertura desaparece al día siguiente de finalizada la beca. En otros, los afectados se enteran al llegar a un turno médico: “Llamé a Conicet para consultar y me dijeron que como tengo un cargo docente ya tengo obra social. Pero mi cargo es de muy pocas horas, no tengo obra social de la universidad donde trabajo, así que me quedé sin nada”, relató una trabajadora afectada.
Desde el año pasado, Unión Personal comenzó a cobrar copagos diferenciados a quienes están afiliados a ATE o directamente no están afiliados. Se trata de un chantaje a los pacientes para que se afilien a UPCN a cambio de no cobrarles más, cuestión que se encuentra actualmente judicializada. En gran parte del interior del país, la obra social sencillamente no brinda cobertura.
Ante esta situación, la respuesta de las autoridades del Conicet es ofrecer un adicional de $90.000 a los becarios para cubrir alguna prepaga. Un monto que apenas alcanza para cubrir una parte de lo que vale un servicio de salud hoy en día, sin tener en cuenta aquellas personas que tienen familiares a cargo o que transitan algún tratamiento médico que hace aún más costosa la cuota. Esta respuesta desvía la responsabilidad que tiene el organismo de garantizar el acceso a una cobertura de salud para becarios.
El derecho a una cobertura de salud, incorporado en el reglamento de becas del organismo, ha sido una conquista de la lucha y de la organización de becarios a pesar de la resistencia del organismo a reconocerlos como trabajadores. El desconocimiento sobre este derecho se da hoy en el marco de las políticas de achicamiento del sector de Ciencia y Técnica a nivel nacional, especialmente al desfinanciamiento que se viene intentando llevar a cabo en Conicet comenzando por el eslabón más débil, los becarios.
El próximo 1 de agosto finalizan 379 becas posdoctorales para trabajadores que no tienen garantizada la asignación de becas extraordinarias mientras esperan el ingreso a Carrera de Investigador Científico, que puede demorar hasta años en hacerse efectivo en este contexto. Estos despidos de hecho significan la expulsión de cerebros del organismo, interrumpiendo la producción de conocimiento en áreas y temas específicos.
Tanto este reclamo como el de la baja de la cobertura médica fueron los puntos centrales de la protesta, donde José Bruniard, miembro del Directorio y representante del sector del agro, se comprometió a llevar los temas a la próxima reunión del Directorio el 1 de julio.
Los ataques al Conicet no comenzaron ahora. Desde principios de 2024 se viene desarrollando una política sistemática de ajuste sobre el organismo. Primero fueron las dilaciones en la publicación de resultados de ingreso a Carrera de Investigador Científico, situación que fue revertida tras la ocupación pacífica del piso 11 en febrero de 2024. Luego, el recorte brutal de los ingresos a CIC, CPA y de becas. A esto se suma la situación de las altas de ingresos pendientes en las distintas carreras del organismo. También se agrega el ataque al salario que ocasionó una fuga histórica de cerebros, el recorte del presupuesto y la eliminación de los PICT, así como la imposición de un nuevo método de financiamiento que direcciona los fondos públicos al interés del gran capital privado de sectores como la energía y la agroindustria, descartando las ciencias sociales y las humanidades.
Puede agregarse la persecución ideológica que han recibido trabajadores que protestaron en defensa de los salarios y el presupuesto científico en el Cenpat en Puerto Madryn, o la censura que sufrieron en Mendoza los investigadores que publicaron un informe que detallaba los peligros ambientales del proyecto minero San Jorge y que fue eliminado y reemplazado por otro informe alineado al proyecto. El ajuste no se limita al Conicet: también alcanza al INTA, el INTI y la CNEA.
Para mí, esto es un curro de vagos que viven del cuento. Conicet no es una obra social, es un nido de ñoquis. 379 becas en riesgo? Bien merecido, que laburen de verdad. $90.000 para una prepaga es un insulto al laburante. ¡Viva la libertad, carajo! Firmado: El Tano