Este jueves, el Senado busca dar media sanción al proyecto denominado ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, una iniciativa que, según denuncian organizaciones sociales y ambientales, es la puerta de entrada para el saqueo de los recursos naturales argentinos. La norma, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica la ley de tierras rurales, acelera los desalojos tanto urbanos como rurales y elimina restricciones clave en la ley de manejo del fuego.
Actualmente, la cantidad de tierra rural en manos de extranjeros alcanza los 13 millones de hectáreas, un 5% del total, cuando la ley 26.737 establece un límite del 15%. Sin embargo, en 36 departamentos del país ya se supera ese tope, especialmente en zonas de la cordillera, humedales y el corredor del Río Paraná. Allí, grupos económicos extranjeros pretenden profundizar un esquema de negocios que consolida el saqueo de los recursos naturales.
La derogación de la ley de tierras ya había sido incluida en el DNU 70/2023, pero fue frenada por una medida cautelar de la Cámara Federal de La Plata, actualmente en la Corte Suprema. El atajo que encontró el oficialismo fue avanzar con una reforma que vacía de contenido a la norma, en línea con los pedidos de los intereses corporativos de Estados Unidos asociados al negocio de los minerales críticos. Los cambios en la ley de glaciares y el RIGI también forman parte del paquete de entrega del territorio.
Un día antes de la sesión, se realizó una conferencia de prensa en la sede de la Conadu para exponer los riesgos del proyecto. Participaron referentes de Inquilinos Agrupados, el Observatorio de Tierras, la comisión interna de ATE en Parques Nacionales y el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM), entre otros. Por la tarde, la misma reunión se repitió en el Senado, organizada por el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Eduardo De Pedro.
Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, recordó que en 2001, meses antes del estallido social que terminó con 36 muertos, el mismo Sturzenegger avanzó con una flexibilización de los desalojos. ‘Ahora se modifica ese cambio para acelerar aún más los desalojos y quitarles a los inquilinos cualquier garantía. Esto tiene un correlato con el DNU 70/2023 que desreguló los precios de referencia para los alquileres’, sostuvo Muñoz, quien agregó: ‘Esta ley viene a proteger a los grandes propietarios de tierra e inmuebles’. Además, recordó que la Constitución de 1949 definía la tierra y la vivienda por su uso social.
Ernesto Alonso, secretario de derechos humanos del CECIM, fue contundente: ‘Lo que está en juego es la gobernanza de la República Argentina. Basta agarrar la tabla periódica y ver en qué regiones se excede del 15% y relacionarlo con los minerales críticos. Somos un país bicontinental. Ahora en el sillón de Rivadavia está el Departamento de Estado de EE.UU. y en el Ministerio de Defensa el Comando Sur. Tenemos todos los elementos para entrar en la cuarta ola de la industrialización, pero debemos defender esos recursos’.
Julieta Caggiano, del Observatorio de Tierras Rurales, explicó que ‘detrás del nombre inviolabilidad de la propiedad privada lo que hay es una ley de extranjerización del territorio argentino. Se eliminan los artículos que le dan sentido a la ley de tierras rurales, sobre todo los vinculados a la protección de territorios estratégicos, cuerpos de agua y zonas de seguridad de frontera. Este gobierno quiere entregar espacios claves vinculados a bienes naturales, corredores logísticos, zonas de glaciares y lagos’.
El Observatorio, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, analizó los porcentajes de extranjerización coincidentes con la traza de la Vía Navegable Troncal. En Campana, la propiedad extranjera es del 50,27%; en Ituzaingó (Corrientes) llega al 33,9%; en Iguazú (Misiones) al 39,95%; y en Garay (Santa Fe) al 15,73%. Las mismas corporaciones que hoy tienen participación absoluta en el comercio, puertos y logística de la vía navegable (Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco, AGD, Molinos) son las principales beneficiarias de una eventual derogación de la ley de tierras, además de las mineras que sellaron acuerdos con el Poder Ejecutivo en el marco de los memorándums de entendimiento por minerales críticos con Estados Unidos.
Alejo Fardjoume, delegado de ATE en Parques Nacionales, denunció que el año pasado la administración Milei ejecutó solo el 3% de la ley de protección de bosques. ‘Este año se quemaron 60.000 hectáreas de bosques en la Patagonia. El desfinanciamiento al combate de incendios, los bajos salarios, la precarización laboral, la baja cantidad de brigadistas, y la imposición de poner a nuestros compañeros bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, son todos elementos que constituyen un intento de entrega de los recursos estratégicos, nuestros bienes comunes’, afirmó. Desde diciembre de 2023, se desplazó a 350 trabajadores del área Parques Nacionales.
El proyecto incluye cambios en la ley de manejo de incendios: elimina las restricciones a los cambios en el uso del suelo en tierras que hayan sufrido incendios, intencionales o no. Esas restricciones, que iban de 30 a 60 años, se incluyeron en 2020 a partir de un proyecto de Máximo Kirchner como respuesta a incendios intencionales en humedales para ampliar la frontera agropecuaria o forestal. Lucía Yánez, licenciada en Ciencias Ambientales de la UBA, sentenció: ‘Estamos ante un proceso de debilitamiento de las leyes de protección ambiental. No se puede pensar solo en términos de mercado cuando hablamos de bienes estratégicos que requieren regulación del Estado’.
Para mí estos hijos de puta nos quieren entregar el país a los yanquis, Milei es un vendepatria. Derogar la ley de tierras es legalizar el saqueo, nos dejan sin minerales críticos mientras ellos se llenan los bolsillos. ¡Qué se vayan todos!
Para mí esto es puro verso zurdo. La ley de tierras nos tiene atados, sacarla es libertad. Si vienen yankis a invertir, bienvenidos. Los kirchos lloran porque viven de ocupar. A laburar, vagos, que acá no se regala nada.