El Gobierno nacional amplió el alcance de la revisión de convenios colectivos de trabajo prevista en la reforma laboral y ahora estima que el proceso alcanzará a cerca de 800 acuerdos entre sindicatos y empresas. La decisión se formalizó a través de la reglamentación de distintos aspectos de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.
La Secretaría de Trabajo deberá convocar en los próximos días a sindicatos y cámaras empresariales para renegociar convenios que el Poder Ejecutivo considera vencidos. Entre ellos aparecen acuerdos de actividades estratégicas como comercio, metalúrgicos, construcción, camioneros, sanidad y bancarios, además de numerosos convenios de empresa. La magnitud de la medida supera ampliamente las primeras estimaciones oficiales.
Detrás de esta convocatoria se encuentra uno de los cambios más profundos introducidos por la reforma laboral. Hasta ahora, el principio de ultraactividad establecía que un convenio colectivo continuaba vigente aun después de su vencimiento formal, hasta que sindicatos y empleadores acordaran uno nuevo. La reglamentación modificó ese esquema: el vencimiento de los convenios adquiere efectos concretos sobre determinadas cláusulas y obliga a reabrir discusiones que permanecían congeladas.
La diferencia entre cláusulas normativas y obligacionales se volvió central. Las primeras regulan salarios básicos, categorías y condiciones de trabajo; las segundas refieren a compromisos económicos, como las cuotas solidarias. Mientras las normativas mantienen su vigencia hasta la firma de un nuevo acuerdo, las obligacionales caducan con el vencimiento del convenio. Para especialistas en derecho laboral, esta distinción modifica la relación de fuerzas entre sindicatos y empresas.
Agustín Comas, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), sostuvo que la intención del Gobierno excede la actualización administrativa. «El Gobierno quiere que los empresarios y los sindicatos empiecen a negociar todas las reformas laborales que se votaron no solo en el último paquete de la reforma laboral de este año sino también de la Ley Bases de 2024», afirmó. Según Comas, varios cambios requieren acuerdos específicos: «salarios dinámicos, jornada laboral, banco de horas, condiciones de trabajo». «El Gobierno está buscando empujar a los sindicatos para que negocien y entreguen esas condiciones», agregó.
Comas aclaró que la reforma no elimina automáticamente las cláusulas de condiciones laborales. «No se establece en la reforma laboral que los convenios colectivos de trabajo, en lo que hace a las cláusulas de condiciones de trabajo, se caen. Eso todavía está vigente», explicó. «Si hay una negociación por parte de los sindicatos a la baja, es una negociación que están haciendo sin que estén obligados a entregarlas».
Sin embargo, apenas días después de la reglamentación, el SMATA acordó con la empresa Ontec (Grupo Mirgor) un banco de 200 horas para trabajadores de Baradero y Escobar. La medida permite que la empresa suspenda tareas ante caídas de demanda o problemas de abastecimiento. Las horas no trabajadas se pagan, pero se registran para recuperarse cuando la producción aumente. Cada hora adeudada se compensa con una hora y media de trabajo, pero las horas adicionales de lunes a viernes no se liquidan como extras; solo las de fines de semana conservan ese tratamiento.
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