La Ciudad de Buenos Aires sacudió el mercado de la Verificación Técnica Vehicular con una reforma que promete terminar con el viejo esquema de siete plantas oficiales. La Legislatura porteña, con el impulso de La Libertad Avanza y el respaldo del PRO y la UCR, aprobó una ley que adhiere a la desregulación nacional y habilita un sistema abierto, con precios libres y nuevos plazos. El peronismo votó en contra, pero no pudo frenar el cambio.
Desde octubre, los conductores porteños podrán hacer la VTV en cualquier taller habilitado, incluidas concesionarias. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida en redes: “Muy buena noticia. A partir de octubre se podrá hacer en cualquier taller habilitado, por ejemplo, en concesionarias”. Y no perdió la oportunidad de marcar diferencias con la provincia de Buenos Aires, que mantiene su régimen cerrado bajo la gestión de Axel Kicillof.
Hasta ahora, la VTV en la Ciudad se concentraba en solo siete centros, cuatro de ellos en Barracas. Los restantes estaban en Paternal, Pompeya y Villa Ortúzar. La nueva ley rompe ese oligopolio: cualquier establecimiento que cumpla los requisitos técnicos podrá sumarse. El taller Premium Wheels, en Parque Patricios, ya compró los equipos y empezó el entrenamiento para ser uno de los primeros privados en ofrecer el servicio.
El cambio más impactante es la liberación de precios. Hasta hoy, la tarifa la fijaba el Estado porteño. Con la nueva norma, cada prestador pondrá su propio valor. La apuesta oficial es que la competencia entre más talleres baje los costos para el bolsillo de los conductores. Pero habrá que ver si no termina siendo más caro, como advierten los críticos.
Los plazos también se flexibilizan. Los autos 0km ahora tendrán cinco años para hacer su primera revisión, en lugar de los cuatro actuales. Y la vigencia de dos años se mantendrá hasta que el vehículo cumpla diez años de antigüedad, antes era hasta los ocho. Un alivio para los bolsillos, aunque los más escépticos dudan de la seguridad vial.
Para ser habilitado, cada taller deberá inscribirse en el Registro Único de Talleres, presentar una declaración jurada y contar con un director técnico ingeniero. El equipamiento mínimo incluye control de frenos, luces, suspensión, dirección, emisiones y ruidos. La inversión no es barata: una línea completa para vehículos livianos cuesta entre 50.000 y 60.000 dólares, según Constantino Abella Roigt, presidente de Control Vehicular Argentino.
La secretaría de Transporte tiene 30 días para revisar la documentación. Si no hay observaciones en ese plazo, el taller queda automáticamente inscripto, aunque después puede ser auditado. La constancia física no desaparece: los talleres deberán cargar la información y entregar la oblea para el parabrisas.
Pero ojo, esto no corre para todos. La Argentina es federal y cada provincia decide si adhiere. La provincia de Buenos Aires ya dijo que no, y mantendrá su sistema actual. Así que los cambios dependerán de dónde esté radicado el vehículo. Sturzenegger volvió a cargar contra Kicillof, mientras la pelea política se intensifica.
La discusión está servida: ¿más competencia y precios libres o riesgo de descontrol? La Ciudad apuesta por lo primero. Los conductores, mientras tanto, esperan ansiosos el octubre que viene.
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