Milei destruye la industria y regala recursos: la verdadera campaña anti Argentina

“Bueno, nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche. Tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendos porque sería lo único que comeríamos. Y andaríamos con biromes en colectivo nada más. O sea, no tenemos muchas más cosas”, había sostenido el presidente Javier Milei cuando fue consultado por el desastre productivo que genera la apertura indiscriminada de las importaciones y por un escenario en el que se pondere a la industria nacional. La despectiva frase sería una triste anécdota si no fuera casi el lema de una batería de medidas orientadas a la entrega de soberanía.

Y ahora este mismo gobierno pretende mostrarse implacable como contracara de la campaña anti Argentina que promueven países extranjeros tras el desenlace del Mundial 2026. Durante la competición y, especialmente, luego de la demostración de la bandera de Malvinas en la semifinal contra Inglaterra, se erigió una campaña contra las actitudes de la Selección Argentina. Sin embargo, tras la final con España, las críticas sobre el ser argentino se extendieron a toda la sociedad. Medios de comunicación y figuras de la cultura provenientes de distintos países fueron voceros de denuncias que giran en torno al racismo y comportamientos humanos cuestionables.

Distintas figuras libertarias, como el Gordo Dan, Agustín Romo o Felipe Nuñez, apuntaron contra la campaña en redes sociales y argumentaron que se trata de una “venganza” del progresismo internacional contra el Gobierno por asumir una postura en favor de los valores de Occidente. Por supuesto, responsabilizan a la oposición de haber propiciado y defender los ataques externos. De yapa, también exigieron endurecer las políticas migratorias y de acceso a la Salud y Educación por parte de extranjeros que vivan en el país.

La defensa simula una actitud nacionalista de exclusión, cuando es el Gobierno quien promueve la entrega de soberanía a naciones extranjeras a través de un plan globalizador de apertura comercial y renunciamiento a la conducción de la política económica. El industricidio, las bases y condiciones del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y el proyecto de extranjerización de tierras son tres pilares que explican la postura real de Javier Milei.

“El principio de libertad económica no se vulnera, ni siquiera se empaña cuando el Estado dirige la economía, de la misma manera que la libertad de transitar libremente por el país no queda afectada cuando se encauza o se dirige por determinadas rutas, en vez de permitir, que, galopando a campo traviesa, se causen daños irreparables a terceros, sin conseguir de paso, provecho alguno para el viajero. El Estado puede orientar el ordenamiento social y económico sin que por ello intervenga para nada en la acción individual que corresponde al industrial, al comerciante, al consumidor. Estos, conservando toda la libertad de acción que los códigos fundamentales les otorgan, pueden ajustar sus realizaciones a los grandes planes que trace el Estado para lograr los objetivos políticos, económicos y sociales de la Nación”, dijo el ex presidente Juan Domingo Perón el 6 de septiembre de 1944. La Argentina que propone Milei es un puente al contrapunto de esta afirmación.

Los indicadores de la actividad económica reflejan que la situación no responde a episodios puntuales, sino a un proceso sostenido de deterioro del entramado productivo. La industria manufacturera volvió a registrar en mayo una baja en su nivel de producción respecto del mismo mes del año anterior y prolongó la etapa recesiva que atraviesa gran parte de 2026. De acuerdo con los últimos datos disponibles del Indec, el Índice de Producción Industrial Manufacturero descendió un 5,7% interanual, mientras que en el acumulado de los primeros cinco meses del año la retracción alcanzó el 3,1%.

Con estos resultados, el sector industrial acumuló cinco caídas interanuales consecutivas y cuatro retrocesos mensuales entre enero y mayo. El desempeño evidencia las dificultades de un escenario atravesado por la debilidad del consumo, el desenfrenado incremento de las importaciones y un mercado interno que continúa mostrando escasa demanda.

En paralelo, el empleo registrado argentino y el tejido empresarial sigue reduciéndose. Desde el inicio de la gestión de Milei, más de 28.000 compañías dejaron de operar y alrededor de 350.000 trabajadores perdieron sus puestos laborales. Así surge de un informe elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) a partir de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El relevamiento señaló que solo en abril cesaron sus actividades 1.814 empresas, lo que equivale a un promedio cercano a 60 cierres por día.

A la par de la destrucción de empresas y empleos, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ofrece en su venta política un marco de estabilidad normativa por 30 años para proyectos que superen los 200 millones de dólares de inversión. No obstante, su letra implica una fuerte cesión de herramientas de política económica y favorece a grandes capitales extranjeros en la explotación de recursos naturales considerados estratégicos. ¿Quién hace la campaña en este caso?

En un contexto internacional marcado por la transición energética, la aceleración de cambios tecnológicos y las nuevas demandas de la economía global, Argentina debería priorizar políticas orientadas a fortalecer la industrialización, la innovación y el desarrollo de cadenas de valor locales. A contramano, el RIGI profundiza un perfil basado en la exportación de materias primas, con un esquema tributario más flexible para las grandes inversiones y escasos incentivos para la producción nacional.

La posibilidad de importar bienes de capital con beneficios fiscales y arancelarios genera una competencia desigual para las pequeñas y medianas empresas. Este tipo de políticas refuerza un modelo de inversiones de enclave, en el que los proyectos extractivos funcionan con escasa articulación con el resto de la economía. Bajo esa lógica neocolonialista, el ingreso de capitales externos no necesariamente se traduce en una mayor integración productiva, desarrollo de proveedores locales o generación de empleo de calidad, sino que puede profundizar la concentración económica y la dependencia de la explotación de recursos naturales.

Como último acto de renuncia a la defensa nacional, el Senado tiene previsto tratar el proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La iniciativa propone derogar la Ley de Tierras, vigente desde 2011, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Diversos especialistas y organizaciones sociales advierten que el cambio podría modificar el régimen de protección sobre territorios considerados estratégicos, como lagos patagónicos, bosques nativos, áreas cordilleranas con recursos minerales, acuíferos y zonas de frontera.