Inocencia Fiscal: el Gobierno propone cambios para ampliar el régimen y reducir la incertidumbre

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes y otorgar mayores certezas jurídicas. La iniciativa, presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, introduce cambios en la ley 27.799, que entró en vigencia el 2 de enero de este año y que creó un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas.

Los ejes de la reforma: más contribuyentes y menos riesgos

Según informó el Ministerio de Economía en un comunicado oficial, el proyecto elimina los requisitos de ingresos y patrimonio que actualmente limitan el acceso al régimen simplificado. Hoy, para adherirse, los contribuyentes deben cumplir tres condiciones: ingresos anuales no superiores a mil millones de pesos, patrimonio total no mayor a diez mil millones de pesos y no ser considerados “Grandes Contribuyentes” por ARCA. La nueva redacción elimina esos topes, lo que permitiría que cualquier persona humana o sucesión indivisa residente en el país pueda optar por esta modalidad.

Sin embargo, los “Grandes Contribuyentes” podrán adherirse al régimen simplificado pero no gozarán de los beneficios de la presunción de exactitud ni de los efectos liberatorios. Esta distinción fue destacada por el ministro Caputo en la conferencia de prensa: “El espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada. El objetivo sigue siendo que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo”.

Quiebre de la presunción: un umbral mínimo para proteger al contribuyente

Uno de los puntos más sensibles del régimen actual es la posibilidad de que ARCA impugne las declaraciones juradas y rompa la presunción de exactitud si detecta inconsistencias relevantes. La ley vigente establece que si la impugnación resulta en un incremento del 15% o más sobre lo declarado, la presunción cae automáticamente. El proyecto introduce un umbral mínimo: aunque se supere ese porcentaje, la presunción se mantiene si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto en el artículo 1° de la Ley Penal Tributaria. En números concretos, si la diferencia no supera los cinco millones de pesos, la presunción no se rompe.

Además, se establece un mecanismo para que el contribuyente pueda rectificar su declaración jurada y cancelar la diferencia más los intereses en un plazo de hasta 15 días hábiles desde la notificación de la determinación de oficio. Esto reduce el margen de incertidumbre, tal como señaló el editorial de La Nación: “Se reduce el margen de incertidumbre para el contribuyente, que si acepta tales ajustes ingresará el saldo del impuesto resultante más intereses, con lo cual seguirá usufructuando los beneficios”.

Funcionarios públicos: sin beneficios, pero con la posibilidad de adherir

El proyecto también aborda la situación de los funcionarios públicos. Según la propuesta, podrán optar por adherir al régimen simplificado, pero solo a los efectos de la determinación del impuesto, sin acceder a los beneficios de la presunción de exactitud ni al efecto liberatorio. Esta exclusión regirá a partir de la sanción de la nueva ley, por lo que los funcionarios que ya se adhirieron y presentaron sus declaraciones juradas no se verán afectados.

La Nación destacó que esta medida es más restrictiva que la adoptada durante el blanqueo de Mauricio Macri, cuando un decreto reglamentario habilitó a los familiares de los funcionarios a ingresar al blanqueo, lo que luego fue declarado nulo por la Justicia Federal. En esta ocasión, el proyecto no menciona a los parientes directos, cónyuges, convivientes, padres o hijos menores emancipados, lo que podría interpretarse como una exclusión más amplia, aunque no explícita.

Dólares del colchón y monitoreo de baja intensidad

El régimen actual permite exteriorizar los llamados “dólares del colchón” sin que el fisco indague sobre su origen. El proyecto introduce modificaciones en materia de prevención de lavado de activos, estableciendo un monitoreo de baja intensidad para promover la regularización de esos fondos. Según el Ministerio de Economía, los depósitos en dólares del sistema financiero alcanzan niveles récord cercanos a los 40.000 millones de dólares, pero existe una cantidad superior a cuatro veces ese monto en ahorros fuera del circuito bancario. Caputo enfatizó que “tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio” debido a la inflación en Estados Unidos, y que la formalización de esos recursos beneficiará tanto a las personas como al crecimiento económico.

Cronología de la iniciativa

1. 2 de enero de 2025: Entra en vigencia la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, que crea el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, con carácter optativo.
2. Primer semestre de 2025: El Poder Ejecutivo recibe observaciones de asesores tributarios sobre inconsistencias y vacíos legales en la reglamentación, lo que motiva la conformación de una mesa de trabajo con tributaristas.
3. Miércoles (fecha no especificada): El ministro Caputo y la secretaria Ibarzabal Murphy anuncian en conferencia de prensa el envío del proyecto de ley modificatorio al Congreso, con los cambios detallados.
4. Próximos pasos: El proyecto ya recibió dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, y se espera su tratamiento en el recinto. La aprobación está prevista para una fecha posterior al vencimiento de la presentación de declaraciones juradas, que opera el 27 de agosto.

La Nación advirtió que, dado que la aprobación del texto legal está prevista para después del vencimiento, sería conveniente que ARCA postergue los vencimientos y contemple la situación de quienes no pudieron optar por el régimen debido a los parámetros que ahora se eliminan.

Qué conviene seguir de cerca

El dato clave a monitorear es la fecha de tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados y su eventual sanción, ya que de ella depende la postergación de los vencimientos y la aplicación de los nuevos beneficios para los contribuyentes que aún no se adhirieron. También será relevante observar si se incorporan modificaciones durante el debate parlamentario, especialmente en lo referido al alcance de la exclusión de los funcionarios y al umbral mínimo de cinco millones de pesos para la presunción de exactitud.