FITU impulsa proyecto de emergencia crediticia

Los datos centrales

Los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, presentaron en el Congreso un proyecto de ley que declara la Emergencia Crediticia de los Hogares por dos años, prorrogables por otros dos. La iniciativa establece un régimen de condonación y refinanciación segmentado según ingresos y nivel de endeudamiento.

Para los hogares más vulnerables —con ingresos inferiores a la Canasta Básica de Pobreza, con gastos en alimentos, servicios, alquiler y expensas que superen el 70% de sus ingresos, o en situaciones de despido estatal, desempleo mayor a tres meses, jubilaciones insuficientes, discapacidad o pérdida de planes sociales— se condona la deuda total hasta un monto equivalente a dos canastas básicas. El saldo restante se refinancia con una quita del 50% del capital y una tasa de interés cero. Para quienes ganan hasta 1,5 veces la canasta básica pero no califican en la categoría anterior, se ofrece una refinanciación con quita del 50% y una tasa que no supere la evolución salarial o la inflación, la que sea menor. Además, se fija un tope a las tasas de préstamos personales y tarjetas de crédito: no podrán exceder la variación de salarios registrados (CVS-Indec). Se suspenden los embargos sobre sueldos y la inclusión en los registros de deudores del BCRA (CENDEU) y el Veraz para mora mayor a 90 días. Por último, se crea una comisión independiente de auditoría y control, integrada por familias endeudadas, especialistas, sindicalistas y referentes barriales.

Contexto y alcance

Según los fundamentos del proyecto, más de 5,8 millones de personas recurrieron a préstamos para completar ingresos insuficientes. El diputado Nicolás del Caño definió la propuesta como una medida de emergencia ante la crisis, un alivio económico y financiero para las familias trabajadoras. Los autores señalan que el sobreendeudamiento no responde a especulación de los hogares, sino a un mecanismo de supervivencia generado por el ajuste económico, la devaluación salarial y la suba de tarifas, alquileres y alimentos.

El proyecto apunta contra el gobierno de Javier Milei, acusado de priorizar el pago de la deuda externa y permitir que los bancos incrementen sus ganancias. Desde el FITU sostienen que se necesita una suba de emergencia de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales, complementada con medidas de alivio crediticio como las propuestas.

Qué está confirmado y qué sigue abierto

Está confirmado que los cuatro diputados presentaron formalmente el proyecto con los detalles mencionados. No se ha informado sobre el respaldo de otros bloques parlamentarios ni sobre la programación de su debate en comisiones. Tampoco se conocen reacciones oficiales del Poder Ejecutivo ni de las entidades financieras. La conformación de la comisión de auditoría depende de la aprobación de la ley, por lo que su puesta en marcha es incierta. Además, el proyecto no especifica cómo se financiaría la condonación de deudas ni los mecanismos de implementación.

Análisis de El Sereno

La iniciativa del FITU llega en un contexto crítico: el endeudamiento se ha convertido en una herramienta de supervivencia para amplios sectores. Si bien las chances de aprobación son reducidas en un Congreso de mayoría conservadora, el proyecto cumple un rol de visibilización de una problemática estructural: la pérdida del poder adquisitivo y la falta de regulación del sistema financiero.

La propuesta apunta a los síntomas más urgentes —la morosidad y los embargos— pero no aborda las causas de fondo, como la concentración bancaria o la política monetaria. No obstante, al instalar un tope a las tasas de interés, el FITU pone sobre la mesa un debate necesario sobre el costo del crédito y la protección de los deudores. En un escenario donde el crédito usurario es cada vez más frecuente, cualquier medida que limite la usura representa un avance. Sin embargo, para que el alivio sea duradero, se requiere una discusión más amplia sobre el modelo económico que empuja a las familias a endeudarse. La pulseada por esta ley recién comienza, pero ya obliga a preguntarse quién paga los costos de la crisis.