Hace más de dos años que los afiliados de Unión Personal, la obra social que gerencia el sindicato UPCN, sufren un vaciamiento sistemático en todo el país. No hay prestaciones, no hay medicamentos, no hay reintegros, no hay turnos, no hay respuestas. Miles de trabajadores y funcionarios del Estado adheridos de manera obligatoria, y particulares que se sumaron voluntariamente, quedaron literalmente a la deriva.
¿Quién debería controlar? La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, dependiente del Ministerio de Salud. No interviene, no sanciona, no fiscaliza. El silencio oficial es total. La Justicia tampoco responde. A pesar de que existen múltiples denuncias y acciones de amparo que documentan el desmantelamiento, no existe un fallo de alcance general que frene el vaciamiento. La Justicia, poder esencial que debería velar por los derechos y garantías de la población, sentencia a los ciudadanos que atraviesan circunstancias críticas a destinar recursos que muchas veces no poseen para intentar obtener una sentencia que obligue a cumplir el espectro normativo que rige la materia y, por encima de todo, la vapuleada Constitución Nacional, reiteradamente violentada por el nefasto proceso de desregulación económica diseñado a través del DNU 70/2023 y consumado con la Ley 27.742, irónicamente titulada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Nada más alejado de la realidad, considerando el gravísimo retroceso en áreas claves como Salud, en donde de manera fraudulenta se desvían los aportes de los trabajadores hacia empresas de salud privada, al tiempo que se les permite a las obras sociales y prepagas el cobro abusivo de copagos, convirtiendo el sistema solidario de salud del cual alguna vez gozaron los argentinos en un mecanismo perverso que engulle a los afiliados para, luego de rumiarlos y extraerles hasta el último centavo, regurgitarlos desahuciados a los hospitales públicos.
Del Defensor del Pueblo, nada. El cargo lleva años vacante. Y no es casualidad. Esta figura existe para intervenir cuando el Estado falla, para representar a los ciudadanos frente al abuso de poder. Si hubiera un titular, Unión Personal no podría seguir desarmándose en silencio. Sin defensor, no hay quien moleste.
El problema de fondo es la naturaleza jurídica de las obras sociales. Están reguladas por las leyes 23.660 y 23.661. Son entidades de carácter público no estatal, sin fines de lucro, que se nutren con los aportes de los afiliados. Se sostienen sobre el principio de solidaridad: los que más aportan y menos se enferman financian a los que menos tienen y más necesitan. No son empresas, pero aun así Unión Personal corta prestaciones y servicios e impone aranceles abusivos, forzando subrepticiamente a sus afiliados a cambiar a su alternativa “premium”, Accord Salud, que ofrece utilizando “la misma infraestructura, capitales y recursos de la malograda obra social”. O lo que es peor, habilitando a los distintos ministerios, so pretexto de la evidente degradación de los servicios, a que ofrezcan al mejor postor y en dudosos procesos licitatorios “paquetes de trabajadores cautivos”, como en el caso de Seguridad Nacional, donde Gendarmería y Prefectura fueron entregadas en bandeja de plata a la empresa Medicus en medio del escandaloso desfalco del Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
Pero nada es casual, ya que la ejecución de este plan solo fue posible luego de que La Libertad Avanza declarara la Emergencia Nacional, desregulara las obras sociales y liberara las tarifas de copagos, dándole al mismo tiempo a las corporaciones, ministerios y organismos vía libre para que negocien con la salud de los beneficiarios, incumpliendo el artículo 75 inciso 22 de la carta magna, que otorga rango constitucional a tratados internacionales; el artículo 14 bis, que establece los pilares de la solidaridad social; y el artículo 42, que protege la salud, seguridad y los intereses económicos de consumidores y usuarios.
El silencio se replica en la prensa. Los grandes medios nacionales, con periodistas de renombre, omiten el tema. Los que se dicen independientes responden a la agenda del poder: atacar a la oposición para tapar irregularidades propias. Delitos que ocurren pero no se nombran ni se investigan. Todo en el marco del hundimiento de la salud pública y el negociado de la medicina prepaga. Salud para pocos, negocio para muchos. Con la mayoría de los arcos políticos opositores pasa lo mismo; no hay denuncia, no hay pedido de informe, no hay presión. Todos en la misma sintonía.
Así funciona el diseño de la impunidad. Sindicatos que dicen representar trabajadores pero defienden la caja. Un Estado que debería auditar pero en realidad protege al de arriba liberando mercados y vulnerando derechos fundamentales. Grupos de poder que comercian con la salud y compran voluntades. La Justicia que calla y omite. Asociaciones de defensa del consumidor que no intervienen ya que saben que no habrá consecuencias. Medios y periodistas cooptados que desvían el eje de discusión. Damnificados y afiliados dispersos. ¿Qué podría fallar?
Por eso la frase se sostiene sola: “El sistema no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el sistema”. Cuando el poder político, las corporaciones, las cúpulas sindicales, la Justicia, las asociaciones y los medios de comunicación forman parte del mismo pacto, no existe control posible. Duele decirlo: la mansedumbre argentina acepta en silencio cómo se deteriora la salud de nuestras familias, mientras crece el riesgo sobre la vida de todos. Tenemos democracia, tenemos leyes, tenemos voz, pero elegimos la resignación.
para mi estos zurdos de mierda defienden sindicatos chorros como union personal que se llenan los bolsillos mientras la gente se queda sin obra social el gobierno mira pa otro lado la superintendencia no hace nada son todos complices argentina es un desastre por estos parasitos voten bien la proxima boludos firmado el gaucho cabrero
Para mí esto huele a pacto de la misma mafia de siempre: Gobierno, sindicalistas y medios, todos cómplices del vaciamiento de Unión Personal. Los laburantes se quedan sin obra social mientras estos chorros se llenan los bolsillos. ¡Basta de silencio! La Justicia y el Defensor del Pueblo están del lado de los patrones, no de los trabajadores.