El Congreso de la Nación se convirtió en el escenario de un nuevo pacto de impunidad. Mientras la ciudadanía espera respuestas sobre la inflación y el ajuste, los legisladores se ocuparon de blindar a Manuel Adorni, el vocero presidencial, en una maniobra que huele a salvataje político. La jugada, orquestada entre bambalinas, busca evitar que Adorni enfrente consecuencias por sus polémicas declaraciones y acciones. Pero eso no es todo: al mismo tiempo, el Gobierno de Javier Milei avanza a paso firme en la entrega de beneficios a los grandes empresarios y a los fondos buitres, esos mismos que especulan con la deuda externa y hunden al país en la miseria.
El paquete de medidas incluye exenciones impositivas y facilidades crediticias para los grupos económicos concentrados, mientras los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo. Los datos del mercado laboral, conocidos en los últimos días, son el reflejo perfecto del modelo Milei: más precarización, menos derechos y una clase trabajadora cada vez más golpeada. Mientras tanto, los fondos buitres celebran: el Gobierno les garantiza el pago de la deuda con los intereses más altos, a costa del hambre del pueblo.
Pero la interna política no da tregua. El peronismo, lejos de encontrar una salida a su crisis, suma nuevos capítulos de una novela que parece no tener fin. Los cruces entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof se intensifican, con pases de factura y acusaciones cruzadas. Mientras Kicillof busca consolidar su liderazgo en la provincia de Buenos Aires, Kirchner lo acusa de tibieza y de no enfrentar con firmeza al gobierno nacional. La pulseada amenaza con fragmentar aún más al peronismo, que no logra construir una alternativa sólida frente al ajuste de Milei.
Y mientras tanto, en Bolivia, la situación política se tensa al máximo. La traición de la Central Obrera Boliviana (COB) dejó a los sectores populares sin su principal herramienta de lucha. Ante las protestas y bloqueos que exigen soluciones a la crisis económica, el presidente Luis Arce y su ministro Rodrigo Paz decretaron el estado de excepción. La medida, lejos de buscar el diálogo, apunta a reprimir las manifestaciones con mano dura. La «pacificación a punta de pistola» es la respuesta del gobierno boliviano, que prefiere la represión antes que escuchar el reclamo de los trabajadores y los pueblos originarios.
En este contexto, el contrapunto editorial de la semana no deja dudas: mientras los políticos se pelean por sus propios intereses y los gobiernos protegen a los poderosos, los pueblos de Argentina y Bolivia siguen pagando el costo de un modelo que solo beneficia a unos pocos. La pregunta que queda flotando es: ¿hasta cuándo vamos a aguantar?
che q bronca blindan a adorni y le dan plata a los buitres para mi este gobierno es un circo los peronistas se pelean entre ellos y los bolivianos sufren represion un desastre total viva la libertad carajo @ElCipayo
che para mi estos forros nos toman por pelotudos blindan a adorni y le dan todo a los buitres y empresarios chorros mientras kicillof y maximo se pelean las migajas y en bolivia reprimen a los laburantes podridos todos viva la lucha obrera carajo