Hace una semana que el campesino jujeño Franco Oscari está preso por orden de la senadora Patricia Bullrich y el juez Ariel Lijo. El motivo: un mensaje privado de Facebook que le envió a la legisladora en abril. Una causa armada por “amenazas coactivas” que huele a persecución política pura y dura.
Oscari, de 24 años, integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI Vía Campesina) y vive en el paraje Las Goteras, en Palma Sola, a 160 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Allí, en la madrugada del miércoles pasado, un operativo de la Policía Federal derribó la puerta de su casa, hizo tirarse cuerpo a tierra a todos los moradores y lo detuvo sin dar explicaciones. Solo dijeron que era una orden de Comodoro Py, firmada por Lijo.
La familia denuncia que los efectivos no informaron los motivos ni el destino. Horas después supieron que lo llevaron a la delegación de la Federal en San Salvador. Recién allí se enteraron de la denuncia de Bullrich: un mensaje privado de Facebook que, según ella, contenía amenazas. Un delirio reaccionario convertido en causa penal, con una expectativa de pena de seis meses a diez años.
Las abogadas María José Castillo y Samanta Delgado pidieron la inmediata liberación, pero el fiscal Gerardo Pollicita se negó con argumentos endebles. Una prisión preventiva solo se justifica si hay riesgo de fuga o entorpecimiento, pero Oscari vive en un paraje rural, con recursos limitados y escasa conectividad. Para llegar al pueblo debe cruzar 17 arroyos.
Ante la negativa, presentaron hábeas corpus en Jujuy y en la Cámara Federal, sin respuesta. Además, denunciaron que la Policía impidió las visitas. Pero este lunes, el fiscal federal Eduardo Villalba emitió un dictamen que cuestiona todo lo actuado por Lijo, Pollicita y la Federal. Villalba sostiene que los traslados sin justificación de Oscari por distintas sedes “podría constituir un agravamiento ilegítimo de las condiciones de su detención” y lo compara con “una restricción de la libertad ambulatoria asimilable a los traslados dispuestos por el Poder Ejecutivo en un Estado de Sitio”.
La criminalización del campesinado organizado es tan obscena que el jueves 25, sin avisar a la familia ni a las abogadas, ordenaron el traslado de Oscari a Buenos Aires, a 1.600 kilómetros de su casa. Durante horas no se supo su paradero. Recién cuando la diputada Natalia Morales (PTS-FITU) exigió precisiones al comisario Lucas Gestalld, se supo que ya iban por Tucumán. Ante las protestas, Lijo retrocedió y ordenó que regresara a San Salvador, pero terminó en la delegación de Salta.
Desde allí, Oscari grabó un video para tranquilizar a su familia. “Me dedico al cultivo de vegetales, plantamos papa, cebolla, ajo y hace poco tuvimos una buena cosecha de maíz. Con otro socio estamos tratando de emprender y armar una quinta. También criamos chanchos, ovejas, vacas. Es una vida de campo”, contó. Su celular está secuestrado.
La misma represión que llevó a la muerte a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, solo que por otros medios. En las calles y en la Legislatura denuncian persecución política y reclaman su inmediata libertad. Criminalización de la protesta social, de la pobreza y del campesinado. Mientras tanto, Bullrich y Lijo siguen operando desde sus escritorios.
jaja otro zurdito llorando pq lo agarraron con las manos en la masa para mi si no queres ir preso no amenases a una senadora tarado bullrich y lijo hacen lo q hay q hacer viva la libertad carajo los zurdos a la carcel
para mi bullrich y lijo son una mierda persiguiendo laburantes franco preso x un posteo esto es dictadura viva la lucha campesina abajo el gobierno fassista firmado el che de las goteras