En Perú, el centro político volvió a escena. No gana elecciones ni moviliza bases, pero aparece cuando el poder necesita recomponerse. Hablamos de un espacio ocupado por académicos, tecnócratas, periodistas, exministros, consultores y ONG que intervienen en crisis con un discurso de diálogo, institucionalidad y moderación. Su función: administrar las crisis del régimen y preservar la estabilidad del Estado y de quienes concentran poder económico y político.
La llegada de Keiko Fujimori al gobierno activó a este sector. Una de sus expresiones más visibles es Jorge Nieto Montesinos, excandidato presidencial, que planteó una agenda de “distensión simbólica”. Propone que el nuevo gobierno reciba a los familiares de las víctimas de la represión estatal entre diciembre de 2022 y enero de 2023, y que impulse condiciones políticas para garantizar la estabilidad del próximo Ejecutivo.
A primera vista, escuchar a las familias de los asesinados por el Estado y garantizar justicia parece incuestionable. Pero el problema es que la justicia para las víctimas se incorpora a una estrategia política que busca administrar la crisis, no enfrentar sus causas. La “distensión” de Nieto no cuestiona las estructuras de poder que hicieron posible la represión ni pone en el centro las responsabilidades políticas y penales de quienes ordenaron y ejecutaron la violencia estatal. Por el contrario, busca construir condiciones para estabilizar el retorno del fujimorismo sin abrir un debate profundo sobre las responsabilidades del Estado.
Históricamente, el centro político aparece cuando las crisis sociales amenazan con desbordar los límites del sistema. Su respuesta es siempre la misma: moderar el conflicto, llamar al consenso y reconstruir la confianza en instituciones que no son neutrales, sino que expresan relaciones de poder. Por eso, en los últimos meses proliferaron foros sobre “recuperación de la democracia”, seminarios sobre los “primeros cien días de gobierno” y llamados a la “responsabilidad política”. La premisa: la crisis peruana es principalmente un problema institucional, no consecuencia de profundas desigualdades sociales y económicas.
Pero esta mirada deja fuera una cuestión fundamental: las instituciones no son neutrales, expresan relaciones de poder. El Congreso fragmentado, los partidos sin arraigo social, la precarización laboral, la exclusión territorial y la represión contra quienes cuestionan el orden establecido no son simples defectos del sistema; son mecanismos de un régimen que sostiene la dominación del capital y mantiene excluidas a las mayorías populares.
El foro impulsado por Flor Pablo Medina, congresista y exministra de Educación de Vizcarra, titulado “¿Cómo recuperamos la institucionalidad democrática?” es revelador. La pregunta parte de que las instituciones existentes contienen la solución a la crisis. Pero esas mismas instituciones convivieron durante décadas con un modelo económico que profundizó la precarización laboral, la exclusión y la represión. La defensa abstracta de la institucionalidad oculta que la crisis no surge solo de reglas o procedimientos, sino de condiciones materiales y relaciones de poder.
También hay que observar el papel de figuras como Rosa María Palacios y otros referentes del liberalismo peruano. Sus intervenciones se presentan como defensa del Estado de derecho y la democracia, pero se detienen cuando la discusión alcanza las estructuras económicas que sostienen al régimen. Su crítica al autoritarismo no suele extenderse hacia un cuestionamiento del modelo neoliberal que produjo exclusión, concentración de riqueza y dependencia del poder empresarial.
La reaparición del centro político es la respuesta de sectores que buscan ordenar el escenario abierto por el retorno del fujimorismo, reducir la conflictividad social y garantizar que el poder pueda gobernar sin obstáculos. Pero la historia demuestra que las grandes transformaciones sociales no nacieron de acuerdos entre élites ni de consensos en foros académicos. Surgieron cuando trabajadores, estudiantes, mujeres y pueblos indígenas irrumpieron colectivamente para cuestionar un orden que parecía inamovible.
Frente al nuevo gobierno fujimorista, la oposición no puede limitarse a esperar una renovación institucional ni a confiar en acuerdos entre sectores políticos que comparten la necesidad de preservar la estabilidad del régimen. Tampoco puede reducirse a acompañar a un centro político que busca hacer gobernable al fujimorismo bajo el argumento de evitar una crisis mayor.
La alternativa es construir una oposición independiente, capaz de organizar las demandas de quienes viven las consecuencias del modelo: trabajadores precarizados, comunidades abandonadas por el Estado, pueblos indígenas excluidos, estudiantes y jóvenes sin expectativas de futuro.
En un escenario donde el nuevo gobierno buscará sostenerse mediante alianzas entre la derecha tradicional y sectores del centro político, la construcción de una oposición consecuente dependerá de la capacidad de los sectores populares para organizarse con independencia. No para restaurar consensos entre élites, sino para disputar el rumbo del país desde abajo.
keiko es lo unico sensato q le queda al peru para mi estos zurdos de mierda la quieren hacer pasar por dictadora pero ella es la unica q puede ordenar el desastre la moderacion es gilada hay q limpiar el congreso de roñosos vamos con todo carajo
Para mí esto del ‘centro político’ es puro maquillaje para la dictadura fujimorista. La ‘distensión simbólica’ de Nieto me parece un chiste de mal gusto, no tocan el poder real. Keiko es la misma derecha represiva de siempre, ahora pintada de modernos. ¡No les creo ni una, loco!