Durante la campaña electoral, Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmand Lara repitieron hasta el hartazgo que su plan de gobierno no se basaría en los programas de ajuste del FMI, a diferencia de su competidor Tuto Quiroga. Pero una vez en el poder, la realidad es otra. Según anuncian autoridades del gobierno de Paz, se está negociando un paquete de estabilización de hasta 5 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que viene acompañado de un programa de ajuste estructural. A continuación, los puntos centrales de las exigencias del organismo.
El último informe de Consulta del Artículo IV (2025) de Bolivia, publicado en el portal del FMI en junio del año pasado, establece tres ejes principales. El primero: una consolidación fiscal creíble y plurianual, que requiere la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles, una reducción de la masa salarial y una racionalización del gasto de capital. En diciembre pasado, mediante el DS 5503, el gobierno de Paz ya empezó a ejecutar este mandato con un gasolinazo que implicó incrementos del 86% en la gasolina especial, 52% en la premium y casi 164% en el diésel. El impacto sobre los costos de vida y la canasta familiar fue inmediato. Además, se establecieron medidas de recorte fiscal que se tradujeron en despidos, impago de salarios y mayor precarización laboral en servicios municipales tercerizados.
En medio de masivas movilizaciones obreras, campesinas y populares, la COB firmó un acuerdo con el gobierno: se derogó formalmente el DS 5503, pero se mantuvo la mitad del paquete de ajuste, mientras otros puntos como la reforma tributaria quedaron en manos del legislativo.
El segundo eje del FMI exige realinear el tipo de cambio oficial para facilitar el ajuste externo e implementar un nuevo marco monetario y cambiario, incluyendo la eliminación inmediata de controles administrativos y límites a las tasas de interés. Al amparo del estado de excepción, Paz decretó una devaluación del boliviano del 40%, ajustando el tipo de cambio oficial de 6,96 a 9,76 bolivianos por dólar, bajo la justificación de “unificar” el tipo de cambio. La Resolución Ministerial N° 245 eliminó el tipo de cambio oficial y estableció uno flotante determinado por el mercado. El impacto directo se siente en combustibles, servicios básicos, créditos bancarios y aranceles aduaneros. Los ingresos de millones de familias trabajadoras se devaluaron un 40%.
El tercer eje apunta a eliminar restricciones de oferta, reducir la informalidad, fortalecer la gobernanza y fomentar la competitividad. Para ello, Paz busca coordinación con las bancadas de la derecha neoliberal en el parlamento, y convocó a un gran encuentro nacional de políticos derechistas, cívicos y empresarios el 9 de mayo en Cochabamba. El objetivo: avanzar con legislación que facilite el saqueo de los recursos naturales, incluyendo modificaciones a las alianzas público-privadas, hidrocarburos y minería.
La traición de la COB al pliego petitorio del primero de mayo es evidente. Había otra salida a la crisis: el monopolio estatal sobre el comercio exterior y cortar la fuga de capitales de grandes empresarios mineros, agroindustriales y banqueros. Pero esa demanda ni siquiera apareció en la discusión. Una vez más, el costo de la crisis recae sobre las familias trabajadoras.
Para mí este Paz es un vendepatria, se arrodilla ante el FMI como un corderito. Nos prometió pan y nos da gasolinazo, devaluación y ajuste. Esto huele a traición, solo benefician a los ricos de siempre. ¡Bolivia, despertá, estos son tibios del sistema! ¡Fuera Paz, fuera FMI!
Para mí este Rodrigo Paz es un zurdo de mierda que nos está cagando. Prometió no tocar el bolsillo y ahora negocia con el FMI devaluación y gasolinazo. ¡Vendepatria! Los zurdos siempre terminan llenándose los bolsillos a costa del pueblo. Hay que rajar a todos estos políticos corruptos. ¡Viva la libertad carajo!