La Corte Suprema de Justicia le asestó un nuevo golpe al Gobierno de Javier Milei al dejar firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con dos artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. Así lo resolvió este jueves al rechazar el recurso extraordinario presentado por el oficialismo contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que había convalidado el pago como medida cautelar.
El fallo llega a solo dos semanas del acta que firmaron rectores y la mayoría de las federaciones universitarias con el Gobierno, por un aumento mucho menor al estipulado por la ley. La resolución de la Corte ratifica la cautelar y ahora deberá expedirse sobre la inconstitucionalidad del decreto que no envía los fondos a las universidades. Mientras tanto, la lucha de trabajadores universitarios y estudiantes continúa, con nuevas medidas y un posible no inicio del segundo cuatrimestre.
De esta forma, el fallo de este jueves obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento, que ordenan pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha, equivalentes a un 55% de recomposición por la pérdida frente a la inflación en el mismo período, y aumentar las Becas Progresar. El acuerdo salarial firmado hace tan solo 15 días por el gobierno nacional, autoridades universitarias y federaciones docentes y no docentes (excepto Conadu Histórica, que lo rechazó por votación de sus bases) otorgaba una recomposición salarial menor, de un 21% y otro 3% en octubre, y solo incrementos de las Becas Manuel Belgrano, no las Progresar.
Este acta generó una enorme indignación en las bases y rechazo por parte de amplios sectores, que entienden que fue una concesión al gobierno para intentar cerrar el conflicto, poniendo en riesgo el reclamo por la aplicación efectiva de la ley, conquistada en la lucha y en las calles. El fallo de la Corte da la razón a miles de docentes, no docentes y estudiantes que se opusieron al infame acuerdo de las autoridades universitarias y conducciones sindicales, que es muy inferior a lo estipulado en la ley.
Con la resolución de hoy, queda por resolver «la cuestión de fondo» de la contienda judicial, es decir, si es constitucional o no el decreto que suspende la ejecución de la ley de financiamiento universitario. Pero no es la Corte donde esto se decidirá, ya que lo que llegó a dicha instancia es solo el recurso de reconsideración que interpuso el Gobierno y fue rechazado. El asunto de fondo se está discutiendo en un juzgado de primera instancia de Martín Cormick que, según difunden grandes medios, está próximo a resolver.
El argumento de la Corte para rechazar el recurso extraordinario contra la medida cautelar es que no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable. Por eso el rechazo del recurso del Gobierno deja firme el fallo anterior, lo que implica que se cumpla la medida cautelar y se pague lo que manda la nueva ley. Los aspectos técnicos de los procedimientos judiciales mantienen pendiente al conjunto de la comunidad universitaria, que desde hace dos años y medio viene batallando con sus propios métodos para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se expidan por la defensa del derecho a la educación pública y gratuita, y para ello envíen los fondos suficientes para garantizarlo. Es el nivel de financiamiento más bajo de los últimos 20 años, que expulsa día a día a decenas de trabajadores y estudiantes.
La estrategia de direcciones sindicales y autoridades universitarias de derivar en primer lugar esta lucha hacia el Congreso y luego a la Justicia se muestra limitada para dar la respuesta a la altura del ataque. Incluso estas direcciones han firmado el acta con el gobierno «en nombre de la Ley» para justamente desactivar la pelea por abajo para garantizar su cumplimiento. Es sintomático que entre el 15 de mayo, tres días después de una masiva marcha universitaria, fecha en que la Corte recibió el expediente por el Financiamiento Universitario, y el 25 de junio, que finalmente rechazó el recurso del Gobierno, sucedieron dos cosas: el 4 de junio el Senado votó el pliego del hijo de Rosatti para ser designado juez, en una sesión escandalosa donde el peronismo votó 72 de 74 jueces que pedía Milei; y apenas seis días después, el 10 de junio, los rectores radicales y peronistas, junto a la dirigencia sindical mayormente alineada a estos últimos, firmaron el acta entreguista con el gobierno.
Es por ello que desde sectores de base, estudiantes, docentes y no docentes antiburocráticos rechazan el acta y continúan organizados para exigir salarios acordes, financiamiento para educación, investigación, ciencia, becas, infraestructura y tirar abajo el ajuste de Milei y el FMI, orientado a garantizar los pagos de deuda y la entrega de recursos al capital imperialista.
Para mí la Corte siempre metiendo la cola donde no la llaman. Milei tiene razón, no podemos regalarle la guita a esos vagos universitarios que ni laburan. Esto huele a curro de los zurdos. ¡Aguante el ajuste, lacras! Viva la libertad carajo.
Para mí esto es un golpe al gorila de Milei, la Corte le dijo ‘ni en pedo’ y le frenó el veto. Me parece que los libertarios lloran porque no pueden cagar a los pibes. Viva la lucha universitaria, carajo, la educación es de los pibes, no de los empresarios.