En la Argentina y América Latina solemos hablar de la economía informal como un problema laboral o tributario. Pero esa mirada es peligrosamente incompleta: la informalidad es, ante todo, un problema de seguridad nacional. Allí donde el Estado no ve, no mide y no regula, otros gobiernan. Y quienes gobiernan en esas sombras son organizaciones criminales que han hecho de la economía informal su hábitat natural, su plataforma logística y su cantera de reclutamiento.
Los números son escalofriantes. Según el Panorama Laboral 2025 de la OIT, la informalidad alcanza al 47% de los ocupados de América Latina y el Caribe, con países como Perú, Bolivia y Ecuador superando el 70%. La Cepal estima que el incumplimiento tributario le cuesta a la región unos 325.000 millones de dólares anuales, el 6,1% del producto regional. Y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calcula que cada año se lava entre el 2% y el 5% del producto bruto mundial. Las economías de efectivo son la puerta de entrada al circuito legal.
Conviene ser precisos: la enorme mayoría de quienes habitan ese universo son personas honestas, expulsadas de la formalidad por regulaciones asfixiantes y una presión impositiva distorsiva. No son ellos el problema. El problema es que ese océano de transacciones sin trazabilidad es el medio perfecto para que el dinero criminal circule, se mezcle y se blanquee.
El crimen organizado no parasita la informalidad por accidente: la necesita y la moldea. El contrabando, la falsificación, la minería ilegal de oro, el narcomenudeo camuflado en el comercio callejero y los préstamos extorsivos del “gota a gota” comparten una misma arquitectura: colocan mercadería ilícita, lavan efectivo y construyen una base social que los protege.
Lo hemos visto de primera mano. Uno de nosotros condujo la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia y enfrentó redes de contrabando que montaron un sistema tributario paralelo de la corrupción: pagos de 70 millones de pesos por contenedor ilegal y asignaciones mensuales de hasta 300 millones a directivos de las instituciones que debían combatirlas. El otro condujo la inteligencia criminal de la Argentina y comprobó cómo las economías ilegales enquistadas en los barrios sostuvieron la violencia que llevó a Rosario a casi 22 homicidios cada 100.000 habitantes en 2023, cinco veces la media nacional. Esa espiral solo se revirtió —con caídas superiores al 60% en 2024— cuando una intervención federal atacó a la vez a las organizaciones y a sus economías. Dos países, un mismo patrón: donde la economía se sumerge, el crimen emerge.
El daño institucional opera en tres escenarios que se retroalimentan. El primero es la dependencia: donde el Estado no llega, el crimen ofrece préstamos usurarios, seguridad extorsiva y “justicia” violenta, y comunidades enteras le deben la subsistencia. El segundo es la debilidad: la evasión erosiona la base fiscal y la corrupción compra silencios. El tercero es el reclutamiento: la economía criminal se vuelve el primer empleador de miles de jóvenes; en la Argentina, la informalidad ya alcanza al 58,5% de los ocupados menores de 29 años, según el Indec. La extorsión es su cara más brutal: quien cobra “protección” está recaudando, ejerciendo una potestad tributaria paralela. Cada peso pagado al extorsionador y no al fisco es una transferencia de soberanía del Estado hacia el crimen.
La respuesta no puede ser criminalizar la pobreza. Hay que distinguir la informalidad de subsistencia —que exige formalización, simplificación tributaria y crédito— de la explotación criminal de la informalidad, que exige persecución penal implacable: seguir al dinero, fortalecer las unidades de inteligencia financiera, integrar capacidades aduaneras, tributarias y policiales —la Polfa colombiana es un modelo regional—, aplicar la extinción de dominio y cooperar regionalmente contra negocios que son transnacionales. Y entender que la política económica es política de seguridad. Un Estado que renuncia a disputarle la economía informal al crimen organizado renuncia, sin decirlo, a una parte de su soberanía.
Ferrer Picado, exdirector nacional de Inteligencia Criminal de la República Argentina y director del Foro para el Hemisferio Occidental (FHOx). Buitrago Arias, brigadier general (r) de la Policía Nacional de Colombia y exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Para mí esto es verso gorila de manual. La informalidad no es un ‘océano sin control’, es la respuesta al capitalismo salvaje que nos obliga a sobrevivir. Mientras los patrones se llenan los bolsillos, los laburantes bancamos choreos del Estado y las mafias. ¡Basura de sistema! Firmado: El Pibe de la ESMA
para mi estos zurdos de mierda no entienden nada la informalidad es el curro de las mafias y vos seguis llorando derechos laborales mientras los ilegales se comen el estado yo creo que hay que cerrarles el paso o te borran del mapa viva la patria carajo fdo el gringo de la 58