Treinta y un años. Eso tardó Eduardo Sosa en volver a ocupar el cargo que le arrebataron en 1995, cuando una reforma impulsada por Néstor Kirchner —con el visto bueno de la entonces diputada Cristina Fernández— eliminó su puesto de procurador general de Justicia de Santa Cruz. Lo que vino después fue una danza macabra de fallos judiciales desoídos, promesas incumplidas y una resistencia que parecía condenada al fracaso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en más de una ocasión su restitución. Pero los gobiernos kirchneristas que se sucedieron en la provincia hicieron oídos sordos. Santa Cruz se convirtió en el laboratorio perfecto de un modelo donde la Justicia no era un poder independiente, sino una herramienta al servicio del Ejecutivo. Y Sosa, el recordatorio incómodo de que la impunidad tiene fecha de vencimiento.
En junio pasado, la Legislatura provincial aprobó su reposición. Y hace pocos días, Sosa juró finalmente como procurador. Un hecho que merece ser reconocido sin reservas, pero que no borra tres décadas de atropellos. «No somos conscientes de lo que significa perseguir la justicia por más de 30 años y, pese a haber ganado la lucha, nunca ser repuesto en el cargo», dijo la diputada Adriana Nieto. La frase es un puñal.
El gobernador Claudio Vidal impulsó la restitución desde el primer día. Antes de asumir, buscó a Sosa, le pidió disculpas en nombre del cargo y se comprometió a encontrar una solución. «No se trataba solamente de una cuestión personal —escribió Vidal al enviar el proyecto—. Se trataba de reparar una injusticia, respetar las instituciones y demostrar que están por encima de cualquier circunstancia política.» Palabras que suenan a música celestial en una provincia donde la Justicia fue siempre un apéndice del poder.
Pero la paradoja es difícil de ignorar. Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras por la independencia judicial son los que durante treinta años desoyeron los fallos de la Corte. Los mismos que se oponen a la ampliación del tribunal local son los que dejaron a Sosa afuera con absoluta impunidad. Lo que Santa Cruz padece no es una anomalía reciente: es la cosecha inevitable de semillas sembradas hace mucho tiempo. El kirchnerismo construyó un poder judicial a su imagen y semejanza, para garantizar su impunidad.
El caso Sosa condensa esta historia con una nitidez que no admite interpretaciones benévolas. Su restitución es justa y necesaria, pero tardía. Si se la utiliza exclusivamente como ariete en una disputa de poder, sin acompañarla de un compromiso real con la independencia judicial, habrá sido apenas un capítulo más de la misma historia que se dice querer corregir. La fortaleza de una democracia se mide por el respeto irrestricto a la división de poderes. Ese respeto no puede ser selectivo ni circunstancial.
El desafío que sigue es más difícil y más importante que el que acaba de superarse: construir una justicia que no dependa de la voluntad de ningún gobernador, de ningún partido y de ninguna mayoría legislativa. Una justicia que, de llegar eventualmente un próximo Sosa, no tarde treinta años en darle la razón.
31 años pa q jure un tipo? una vergüenza total para mi este sistema es una mierda los politicos se rien de la justicia viva Sosa pero la deuda sigue a los zurdos de mierda q defienden delincuentes los tendrian q meter presos firmado El Gaucho de la 9
31 años de lucha pa’ q lo juren? para mi los chorros de siempre siguen cagandose de risa. esto huele a farsa, la justicia es un chiste cuando el poder manda. basta de verso, la deuda sigue. firma el zurdo.