El gobierno de Ignacio Torres está a punto de consumar una de las estafas más grandes de la historia reciente de Chubut. Este jueves 2 de julio, sus diputados oficialistas —con mayoría automática— votarán a favor de ratificar el acuerdo con YPF que libera a la petrolera de todas sus responsabilidades ambientales en la Cuenca del Golfo San Jorge. A cambio, la provincia recibirá apenas 25 millones de dólares, cuando el pasivo ambiental acumulado durante décadas de explotación intensiva podría costar más de 400 millones.
YPF, que bajo el gobierno de Javier Milei opera como una empresa privada, se retiró de las áreas convencionales en Chubut y Santa Cruz mediante el Proyecto Andes, impulsado por el presidente y el CEO de la petrolera, Horacio Marín. El objetivo: concentrarse en Vaca Muerta. Esta decisión ya provocó la pérdida de al menos 5.000 empleos entre petroleros, camioneros y trabajadores de la UOCRA en la Cuenca del Golfo San Jorge. Hoy, Comodoro Rivadavia atraviesa su tercera crisis histórica más grave, tras la privatización de 1992 y el desplome del petróleo en 1998.
El acuerdo, firmado el pasado viernes 26 de junio, incluye una cláusula que la provincia renuncia «en forma irrevocable» a cualquier reclamo presente o futuro contra YPF por pasivos ambientales. El texto del Acta Acuerdo es explícito: «La Provincia del Chubut libera a YPF S.A. de responsabilidad por pasivos, hallazgos, cuestiones y situaciones ambientales de las Áreas, y declara que no tiene nada más que reclamarle, ni a YPF S.A., ni a sus directores y accionistas». Esta renuncia se extiende a todos los organismos del Estado provincial, incluyendo futuros gobiernos y legislaturas.
Para dimensionar la magnitud del negocio, el pasivo ambiental incluye más de 2.000 pozos inactivos solo en el área Campamento Central, según informó ADNSur en 2024. Con un costo estimado de 200.000 dólares por pozo para su abandono técnico, la cifra total supera los 400 millones. A esto se suman los pozos de otras áreas como El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol y Manantiales Behr, además de los 84 pozos offshore de Restinga Alí.
En contraste, el vecino gobierno de Santa Cruz, también con Milei, firmó en abril de 2025 un acuerdo con YPF por 335 millones de dólares que incluyó un programa concreto de saneamiento ambiental. Ese pacto no solo implicó la devolución de áreas, sino también compromisos de remediación. En Chubut, en cambio, Torres optó por un «clean exit» o desinversión sin responsabilidades, una salida limpia para la petrolera a costa del ambiente y los trabajadores.
El acuerdo también transfiere a la provincia bienes históricos en Comodoro Rivadavia, como clubes e inmuebles, que el gobierno presenta como un logro. Sin embargo, la titularización de esos bienes ya estaba contemplada en un convenio de 1999. La disputa entre el gobernador, el intendente y otros funcionarios solo muestra la rapiña entre partidos patronales que permitieron el saqueo y la contaminación.
El PTS y el Frente de Izquierda Unidad denuncian que esta estafa es parte del alineamiento de Torres con Milei, y proponen la nacionalización de la industria hidrocarburífera bajo control de los trabajadores, con reincorporación de los despedidos y un plan de reparación ambiental con participación de la universidad y el CONICET. Mientras tanto, el jueves se consumará un nuevo capítulo de impunidad empresarial.
Para mí esto es un choreo monumental. YPF y el gobierno chorro de Torres regalan el ambiente por 25 palos verdes cuando vale 400 millones. Los zurditos lloran pero son los primeros en cagar todo. Me parece una estafa que hipoteca el futuro de Chubut. #LibertadYPetroleo
Para mí esto es una estafa monumental. YPF y Torres nos quieren cagar con 25 palos verdes cuando la deuda real es de 400. Me parece que están vendiendo el futuro de todes, unos vendepatria que se llenan los bolsillos mientras nos dejan el desastre. ¡A las calles, carajo!