¡Media sanción al Súper RIGI: 30 años de beneficios para inversiones de US$1000 millones!

En una sesión que se extendió hasta la noche del miércoles, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto conocido como “Súper RIGI”, un régimen que concede beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a inversiones superiores a los US$1000 millones. La iniciativa obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, con el respaldo de Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales alineados con la agenda oficial, como Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Se abstuvieron los dos catamarqueños alineados con Raúl Jalil y cinco diputados de Provincias Unidas.

El proyecto, defendido por el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias —frente al 25% del RIGI original y el 35% general—, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones. Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales.

La oposición no se quedó callada. Martín Lousteau, de Provincias Unidas, recordó que ni siquiera el secretario de Energía, Daniel González, sabía para quién estaba hecha la ley. “Este es un régimen inédito, el más generoso de todos, con renuncia de soberanía, con pérdida fiscal monumental, pero no sabemos quiénes vendrán. Esta es la diferencia con el RIGI, que fue para ocho sectores, se sabía cuáles. No sabemos con quién comparar”, disparó. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que el proyecto crea “un régimen de excepción quizás nunca visto” y sostuvo que se trata de una iniciativa “con nombre y apellido”, en referencia a Peter Thiel y otros empresarios tecnológicos. Además, alertó que el nuevo esquema podría otorgar a grandes corporaciones capacidad para “condicionar las decisiones políticas dentro del Estado”, un fenómeno que definió como “una clara plutocracia”.

Mario Manrique, de Unión por la Patria, fue más directo: “Esto es un negociado entre particulares”. Juan Marino sostuvo que el paquete económico impulsado por el oficialismo busca “instalar un cambio de régimen” y vinculó el Súper RIGI con una agenda “tecnofascista” asociada a las grandes corporaciones tecnológicas. Juan Grabois cuestionó la creación de “verdaderas zonas liberadas” para los grandes grupos económicos. “No planifican un futuro con verdaderas libertades, sino el libre arbitrio para los poderosos”, afirmó. Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, resumió: “Van a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres mientras condenan a jubilados y trabajadores a la miseria”.

El Súper RIGI replica y amplía el esquema definido por el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases y cuya vigencia expirará en julio del próximo año. Según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el objetivo es “crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala”. Sin embargo, el texto no especifica a qué empresas apunta, algo que la oposición le critica. Menciona atraer industrias “del futuro” que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina, como infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.

Durante el debate en comisiones se incorporaron modificaciones impulsadas por los bloques aliados. Entre ellas, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados. Asimismo, se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en sus áreas de influencia.

La votación contó con la presencia de la secretaria General, Karina Milei, acompañada por Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la presidencia de la Cámara de Diputados. La iniciativa se girará al Senado para su sanción definitiva. Tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de ser prorrogada por un año por única vez. El oficialismo busca atraer proyectos industriales de gran escala que hoy no se desarrollan en el país y que agreguen valor a los recursos naturales impulsados bajo el RIGI. Mientras tanto, los argentinos se preguntan si este régimen de excepción terminará beneficiando a unos pocos a costa de todos.