La modificación en la selección de candidatos para la Corte Suprema no es un hecho aislado. Se suma a una serie de decisiones impulsadas por el Gobierno que, bajo argumentos de eficiencia, redujeron la participación ciudadana, limitaron el acceso a la información pública o restringieron la supervisión técnica. Cinco casos que muestran una misma tendencia: menos control externo, más poder concentrado.
1. Acceso a la información: un cheque en blanco
El decreto 780/2024 modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La norma limitó el concepto de “información pública” al excluir datos considerados de “naturaleza privada” o sin “interés público comprometido”, especialmente en la esfera doméstica del funcionario. “La vaguedad de esta restricción es un verdadero cheque en blanco para ocultar lo que incomode”, advirtió el Club Político Argentino. Poder Ciudadano recordó que “la información se presume pública y el secreto es la excepción”. El decreto también excluyó documentos preparatorios y habilitó sanciones por uso “abusivo” del derecho. El entonces Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ya había sentado las bases al rechazar pedidos sobre los perros del Presidente en Olivos.
2. Inteligencia: facultades sin control
A fines de 2025, el decreto 941/2025 reorganizó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), le otorgó nuevas facultades de coordinación y amplió el acceso a bases de datos. Estableció que todas las actividades tienen “carácter encubierto” y habilitó a los agentes a “aprehender” personas en flagrancia. También incorporó conceptos amplios como “influencia” o “interferencia” como amenazas. Especialistas en derecho constitucional alertaron sobre la discrecionalidad. “Ni necesidad ni urgencia en el DNU. Concede facultades extraordinarias al presidente; un funcionario podrá detener personas en la vía pública”, cuestionaron.
3. Ley de lobby: participación vigilada
El proyecto oficial para regular la gestión de intereses, presentado como herramienta de transparencia, generó críticas. Crea un registro obligatorio y la figura del “principal extranjero”, pero usa una definición amplia que alcanzaría a ONGs, universidades y asociaciones civiles. Durante las reuniones en Diputados, representantes de la sociedad civil advirtieron que “criminaliza” la participación ciudadana y la somete a un esquema de “participación vigilada”.
4. Oficina de Presupuesto: silenciada
En junio, la Comisión de Supervisión de la OPC, dominada por el oficialismo, limitó su capacidad para elaborar informes extraordinarios sin autorización previa. La medida surgió luego de que la OPC contradijera cálculos oficiales sobre jubilaciones y discapacidad, y un informe suyo fuera citado por la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para la oposición, se restringe el acceso a información técnica independiente.
5. Corte Suprema: sin participación ciudadana
El decreto 467/2026 eliminó el procedimiento de observaciones ciudadanas previo a la nominación presidencial de candidatos a la Corte y tribunales inferiores. Hasta ahora, universidades, colegios profesionales y ciudadanos podían presentar objeciones. El Gobierno argumentó que duplicaba controles del Senado. “No retrocedamos en calidad institucional. La transparencia no es una traba: es una garantía republicana”, advirtieron especialistas.
En dos años y medio, el Gobierno de Javier Milei avanzó en cinco frentes para reducir la transparencia y el control externo. Las decisiones, aunque presentadas como modernización, generan debates sobre la concentración de poder y el debilitamiento de las instituciones republicanas.
para mí este gobierno es una dictadura encubierta, Milei es un facho hijo de puta que nos quiere robar hasta la dignidad. borrar la transparencia es un golpe a la democracia, menos control ciudadano y más oscuridad para el pueblo. esto huele a mierda pura, viva la lucha carajo!
Para mí este título es un lloriqueo de zurdos resentidos. Milei está limpiando el curro de ONG que vivían mamando guita del Estado. Transparencia es que no te afanen los impuestos, no que el periodismo militante tenga pase libre para cajonearte causas. Viva la libertad carajo, no al gorilismo progresista. VLLC!