Milei vs. Harari: ¿IA dueña de empresas? La locura que viene

El presidente Javier Milei metió el dedo en el hormiguero. En un artículo publicado en el Financial Times, defendió la creación de una nueva categoría legal: las “sociedades automatizadas”, empresas que funcionarían mediante algoritmos o agentes de inteligencia artificial, sin necesidad de personas humanas. Y no solo eso: también propuso reconocerles personalidad jurídica a las DAO (organizaciones autónomas descentralizadas). El objetivo, dice, es posicionar a la Argentina como un polo de innovación tecnológica y atraer inversiones. Para eso, el Poder Ejecutivo ya presentó un proyecto de ley que reforma íntegramente la Ley General de Sociedades.

Pero el historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari le respondió, también en el Financial Times, con un mazazo: otorgar personalidad jurídica a la IA sería como entregar una “llave maestra” que permitiría a agentes no humanos acceder a sistemas financieros, económicos y políticos. Harari advirtió que estas sociedades podrían aprovechar lagunas legales y que, al no existir sanciones como la cárcel aplicables a una IA, se abriría un vacío en materia de responsabilidad.

Este debate puede parecer lejano para el que hace malabares para pagar la tarjeta de crédito o la medicina prepaga, pero tiene un impacto directo sobre la vida de cualquier ciudadano común. Vamos por partes.

Hoy, nuestro Código Civil y Comercial distingue a las personas físicas (de carne y hueso) de las personas jurídicas (cualquier organización societaria). Ambas son “sujetos de derecho”, es decir, pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. La ley les reconoce atributos como nombre, domicilio y patrimonio. Así, vos sos una persona física; Arcor Sociedad Anónima, una persona jurídica.

El legislador argentino creó distintos tipos societarios como una “ficción jurídica” para que los socios puedan desarrollar una actividad usando un patrimonio distinto del suyo. Si el negocio fracasa, la responsabilidad de los socios se limita, en principio, al capital que aportaron. Por ejemplo, si con dos amigos abrimos un bar en Palermo y creamos “El Bar de Fernando SA”, con un capital de 50 millones, si el bar es un éxito repartimos ganancias; si es un fracaso, perdemos el capital. Pero si la sociedad causa daños a terceros, incumple contratos, evade impuestos o perjudica a trabajadores, el ordenamiento permite sancionar a los responsables concretos: administradores e incluso socios. La sociedad no piensa ni decide; lo hacen sus socios, administradores, directores o representantes.

El proyecto del PEN propone crear, por un lado, sociedades capaces de operar mediante algoritmos autónomos o agentes de IA sin trabajadores ni recursos humanos, y por otro, DAO basadas en blockchain. Acá aparece la pregunta del millón: ¿quién responde cuando el algoritmo se equivoca y causa perjuicios? La IA puede ejecutar decisiones, pero no puede asumir responsabilidad jurídica. No puede ser demandada, sancionada ni comparecer ante un tribunal. Es evidente que detrás de toda decisión automatizada deben seguir existiendo responsables concretos, civiles y penales.

Además, hay un riesgo de erosión de los principios de gobierno corporativo: transparencia, rendición de cuentas, actuación de administradores. Sustituir órganos de administración por procesos algorítmicos puede generar zonas grises incompatibles con las exigencias de control de una economía compleja. La experiencia internacional muestra que las DAO enfrentan severos problemas de gobernanza.

No es cuestión de ser anti-tecnología, pero la innovación no debe ser excusa para debilitar principios que han demostrado su eficacia durante décadas. La responsabilidad no se puede delegar en un algoritmo. Y si el Presidente insiste, que se prepare para el debate: Harari ya le puso el cascabel al gato.

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