En un nuevo capítulo de su plan de achicamiento del Estado, el gobierno de Javier Milei habilitó una reforma integral al régimen de disposición de bienes nacionales. A través de la Resolución 111/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada en el Boletín Oficial, la administración libertaria modificó el Reglamento de Administración y Disposición de Bienes Muebles y Semovientes. Los cambios apuntan a incrementar los márgenes para la venta directa y tercerizar las subastas en manos de empresas privadas.
La medida central es la modificación de los artículos 69 y 84 del reglamento, donde se unifica e incrementa a 400 módulos el valor de los bienes que pueden ser enajenados de forma simplificada. Como el valor vigente del módulo es de $40.000 (Decreto 666/2024), el nuevo tope asciende a $16 millones. Bajo esta nueva normativa, el Estado queda facultado para realizar «ventas directas» —es decir, sin el rigor de un remate público abierto— bajo dos condiciones principales: la primera, que se trate de bienes «de difícil comercialización» o que «por sus características no resulten aptos para ser subastados». La segunda, que se haya declarado «fracasado» un remate previo.
La justificación oficial, plasmada en los considerandos de la resolución, sostiene que este incremento de los topes busca atraer «bienes de mayor significatividad económica», lo cual, según la visión oficialista, «fomentará la competencia de oferentes y, en consecuencia, redundará en condiciones contractuales más ventajosas para el Estado Nacional». Sin embargo, esta lógica ignora que al eludir los mecanismos tradicionales de subasta pública en favor de procesos directos o gestionados por intermediarios, se reduce la visibilidad y el control ciudadano sobre el precio y el destino de los recursos que pertenecen a todos los argentinos.
Otro punto crítico de la reforma es la delegación de estas operaciones en plataformas electrónicas privadas. Según el nuevo texto, la AABE llevará adelante una licitación pública para contratar a estas plataformas, que actuarán como martilleros digitales del Estado. Pero lo más alarmante en términos de fiscalización es lo dispuesto en el artículo 74, que establece que la AABE emitirá órdenes de venta mediante comunicaciones oficiales y «no será necesario el dictado de actos administrativos en cada procedimiento de venta».
Este mecanismo agiliza la «limpieza» de inventarios estatales, pero debilita la cadena de responsabilidades legales ante posibles irregularidades en las transacciones. El alcance de lo que el Gobierno se apresta a liquidar es vasto: desde vehículos y maquinaria hasta mobiliario, equipos informáticos y otros activos muebles. La resolución también alcanza a los «semovientes», es decir, animales de propiedad estatal, como caballos de la Policía Federal o del Ejército.
De esta manera, la resolución emitida por la gestión libertaria se aleja del ajuste burocrático para convertirse en una herramienta operativa que entiende al patrimonio común como un stock de mercancías en liquidación rápida. Al privatizar la gestión de las ventas y reducir la cantidad de actos administrativos exigidos, el gobierno de Milei relega la transparencia pública para abrazar mecanismos que benefician la opacidad del mercado.
Para mí esto es un golazo. Milei le corta el curro a los zurdos que vendían el país a escondidas. Ahora sin subastas falopas ni amigos del poder. Vender todo y que el mercado decida, no los políticos chorros. Vamos libertarios carajo!
che pero q mierda es esto milei ya regala el pais a los amigos 16 palos sin subasta asi se afanan todo ajuste pa los laburantes y fiesta pa los empresarios vende patria hijo de mil no te votamos pa esto firmado el comandante lopez