En una mañana cargada de tensión y reclamos, los diputados provinciales del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Christian Castillo y Mónica Schlotthauer se plantaron frente al Juzgado de Garantías N°3 de Bahía Blanca para exigir la libertad de Mariela Agunin, una trabajadora que lleva más de dos meses presa en el penal de Saavedra por un delito que sus allegados consideran una persecución absurda: haber vendido apenas 7 gramos de cannabis.
La conferencia, realizada el viernes 3 de julio, reunió a familiares, amigos, referentes sindicales y de derechos humanos, además de integrantes de comparsas de candombe. Todos coincidieron en que el caso de Mariela es un ejemplo del punitivismo desmedido que azota a los sectores populares, mientras los verdaderos narcos caminan libres.
“Hay que cambiar la ley de drogas”, disparó Castillo, visiblemente indignado. “Tiene un concepto de penalización al consumidor que fallos de la Corte han dejado sin efecto, pero la ley sigue vigente y fiscales que quieren ganar prensa la usan para perseguir a gente como Mariela”. El diputado recordó que la allanaron 13 efectivos un año y tres meses después de su detención inicial, destrozando su casa autoconstruida de barro. “Cualquiera que conozca su historia sabe que no tiene nada que ver con la acusación”, agregó.
Por su parte, Schlotthauer fue contundente: “No tiene que haber más presos por cannabis”. La diputada comparó la situación con la de fiscales condenados por causas de narcotráfico que ni siquiera pasaron una noche en la cárcel. “¿Por qué tanta saña contra los sectores populares?”, se preguntó.
Mariela Agunin, técnica agropecuaria y trabajadora incansable, fue detenida por “comercialización de estupefacientes agravada” tras vender 5 gramos de cannabis a una amiga en la Plaza Rivadavia, y regalarle otros 2 gramos. El fiscal Mauricio Del Cero, apodado “el cogollero gris”, pide una pena de 6 a 20 años. Los peritajes a su celular mostraron que dos meses antes había vendido otros 5 gramos a otra amiga con Reprocann vigente. Por cada intercambio recibió 35 mil pesos, una suma ridícula que el fiscal considera “lucro”.
Mariela usaba cannabis medicinal para tratar su insomnio, con prescripción médica, pero su certificado estaba en trámite por casi dos años por responsabilidad del Estado. Su hermano Santiago la describió “destruida”: “Está medicada con quetiapina y clonazepam, no puede dormir, está pasando un tormento”.
Los diputados presentaron un proyecto en la Legislatura Bonaerense pidiendo su libertad y cuestionando el proceso judicial. Tras la conferencia, la visitaron en el penal de Saavedra, donde Mariela les contó sus proyectos laborales truncados: quería anotarse en el Centro de Educación Agraria y trabajar en parques eólicos. “Su vida es la de una mujer trabajadora, no la de una narcotraficante”, remarcaron.
El Colegio de Trabajadores Sociales de Bahía Blanca y la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la UNS se solidarizaron con la causa. Mientras tanto, la ciudad sigue viendo casos graves de narcotráfico que quedan impunes, mientras una mujer está presa por siete gramos de cannabis.
Para mí esto es una cagada, Mariela es presa política y el estado burgués la tiene encanada por 7 gramos mientras los narcos de verdad se pasean. Me parece que hay que romper todo hasta que la suelten, abajo el sistema carcelario del capital. ¡FIT-U carajo!
para mi estos zurdos de mierda defendiendo a una narco por 7 gramos son unos vagos encima diputados vayan a laburar la delincuencia se combate con mano dura no con lloriqueos a la Agunin que le caigan 20 años me parecen pocos Argentina no necesita proftas necesita ordern @Juan_Arg