Un nuevo escándalo sacude a la provincia de Córdoba. Claudio Barrelier, el hombre acusado por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en circunstancias aberrantes, habría cobrado dos subsidios estatales por un total de $240.000. La revelación, que cayó como una bomba en el ámbito político y judicial, expone una vez más la fragilidad de los controles sobre el gasto público.
Según los comprobantes obtenidos del Portal de Transparencia provincial, los pagos fueron de $120.000 cada uno y se efectuaron en noviembre y diciembre de 2025. El dinero salió del subprograma “Emergencias Sociales y Naturales”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Lo más grave: ambos pagos se concretaron seis meses después de que Barrelier fuera imputado por privación ilegítima de la libertad contra una mujer, causa que está directamente vinculada al expediente por el que hoy es investigado como principal sospechoso del asesinato de Agostina.
El dato no es menor: se trata de la misma partida presupuestaria a través de la cual el Gobierno provincial repartió casi $2.000 millones en subsidios en octubre de 2025, justo en la semana previa a las elecciones legislativas. La coincidencia temporal enciende todas las alarmas sobre el uso político de los fondos públicos.
Claudio Barrelier, además, militaba en el Partido Justicialista y había ingresado a la Municipalidad de Córdoba por recomendación del exconcejal Ricardo Moreno. Al momento del pago de los subsidios, la cartera de Desarrollo Social estaba a cargo de Laura Jure, hoy Secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor del Gobierno de Córdoba. Las conexiones políticas del acusado ponen en duda la transparencia de las asignaciones.
Pero el escándalo no termina ahí. Desde el 1 de julio de 2026 rige un nuevo Portal de Transparencia que reemplazó los nombres de los beneficiarios por números de CUIT. La medida, advertida días antes por la propia investigación que destapó este caso, dificulta sensiblemente el rastreo de la ejecución presupuestaria. Para cualquier contribuyente o inversor interesado en fiscalizar el destino de sus impuestos, el nuevo esquema representa un retroceso concreto. El acceso a datos que antes tomaba minutos hoy puede demandar días de trabajo manual.
El caso expone, una vez más, la distancia entre el discurso oficial de transparencia y la práctica administrativa real. Sin controles efectivos ni información accesible, la libertad económica y el buen uso de los recursos públicos quedan en entredicho. Mientras la sociedad cordobesa clama justicia por Agostina Vega, este nuevo capítulo deja al descubierto un sistema que permite que un acusado de un crimen atroz haya recibido dinero del Estado sin que nadie pusiera el freno.
che pero este estado chorro y asesino le paga 240 lucas a un tipo que ya estaba preso por otro crimen? para mi la justicia es una joda solo protegen a los mismos de siempre mientras los pibes se mueren de hambre estos se llenan los bolsillos verga argentina
Para mí esto es una joda, con mi plata mantienen a un asesino. Estos zurdos de Córdoba son cómplices de la inseguridad. ¡Basta de subsidiar delincuentes, queremos orden y castigo ya!