El Gobierno del presidente Javier Milei tomó una decisión que cruza todas las líneas de la ética: envió al Congreso el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II. Bajo la excusa de reactivar la economía, la iniciativa esconde un mecanismo diseñado para garantizar la impunidad de la casta política.
Al analizar la norma en detalle, no se trata de un simple plan para que el ciudadano común declare ahorros ocultos, sino de una estructura que legaliza la justificación de fondos de origen dudoso, hecha a medida de funcionarios, exfuncionarios y referentes políticos.
En periodismo, una regla clave es analizar no solo lo que se dice sino lo que se calla. Y acá está el punto más escandaloso: el proyecto carece de cualquier cláusula de exclusión para las Personas Políticamente Expuestas (PPE) y sus familiares directos. Esto permite que quienes administran o administraron los recursos del Estado se beneficien de una amnistía fiscal sin precedentes.
No es la primera vez que la gestión Milei recurre a este vacío legal. La ley original de fines de 2025 ya funcionó como un protector para que miembros del propio Gobierno formalizaran dinero bajo sospecha. Con esta ampliación, la administración parece querer proteger a sus propios cuadros y a la dirigencia de La Libertad Avanza, dándoles el derecho de blanquear fortunas en negro a través del Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, que ahora no tiene topes patrimoniales.
Pero hay más: el proyecto destruye las herramientas de control del Estado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no podrá usar presunciones generales para investigar a un contribuyente de alto rango y deberá cargar con toda la prueba si detecta irregularidades. En otras palabras, se invierte la carga de la prueba.
Lo curioso es que esta desprotección del patrimonio público no cumple con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que exige auditorías reforzadas sobre los bienes de los políticos para prevenir lavado de dinero y corrupción. Irónicamente, el juez federal Ariel Lijo y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques asistieron a un evento del GAFI en París para defender la gestión de Milei.
Además, el proyecto no beneficia solo al oficialismo: todo el arco político podría blanquear dinero proveniente de la corrupción. De aprobarse, también será usado por futuras gestiones, degradando la lucha anticorrupción que se impulsa en Argentina.
Con modificaciones de topes, sin exceptuar a funcionarios, en contradicción con el GAFI y limitando a ARCA, ¿alguien puede creer que no es un proyecto para blanquear corrupción? Y una última pregunta: ¿ARCA actuará como ente persecutor de opositores que quieran adherirse? Esa ventana queda, cuanto menos, abierta.
Para mí esto es un choreo a mano armada, Milei es el nuevo Menem legalizando el lavado para que los amigos de la city blanqueen fortunas sin pagar un peso mientras el pueblo se congela. La casta chorra festeja, esto huele a corrupción pura, rajá ya forro.
kjjjj para mi estos zurdos de mierda lloran xq no pueden chorear ellos mismos. Milei les tapa la boca a la casta y los forros de siempre se quejan. viva la libertad carajo! la guita de los corruptos ahora es legal asi se joden. Argentiiinaaa!